La justicia británica asestó ayer un golpe implacable al primer ministro Boris Johnson al considerar “ilegal” y “sin efecto” su decisión de suspender el parlamento hasta los días previos al Brexit, tras lo cual se multiplicaron los llamados a su dimisión.
Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, afirmó estar “profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron”. “No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit”, denunció. Sin embargo, “éste es obviamente un veredicto que respetaremos”, aseguró.
Luego de tres días de vistas y cuatro de deliberación, 11 jueces de la Corte dictaminaron unánimemente la suspensión parlamentaria como “nula y sin efecto”. “Fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”.
En consecuencia, los diputados volverán al trabajo hoy, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien había denunciado la medida como un “ultraje constitucional”.
Y se vislumbra un terremoto político para el primer ministro, hasta el punto que el propio Donald Trump consideró en Estados Unidos que sería “terrible” que los planes de Johnson para el Brexit se vayan a pique.
“Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir”, afirmó el nacionalista escocés Ian Blackford, mientras ante la Corte los manifestantes coreaba “¡Johnson fuera!”, y un hombre vestido de preso agitaba una pancarta que decía “¡Culpable!”.
En el congreso anual del Partido Laborista, en Brighton, también el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar. “Esta crisis sólo puede solucionarse con elecciones”, expresó Corbyn, quien adelantó su discurso de clausura, inicialmente previsto para hoy.
Y recordó la posición oficial votada la víspera por el congreso: si llegan al gobierno los laboristas negociarán mantener estrechos lazos con Bruselas y someterán ese acuerdo de divorcio a referéndum junto a la posibilidad de anular simplemente el Brexit.
El gobierno alegaba que no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión por ser una decisión “de naturaleza política”.
Una las querellas fue iniciada por la empresaria y activista antibrexit Gina Miller, quien en 2017 ya ganó una batalla jurídica clave sobre el Brexit contra el gobierno de Theresa May. Ahora, “los diputados deben ser valientes y audaces y pedir cuentas a este gobierno sin escrúpulos”, afirmó.
