La Dirección General de Ingresos (DGI) intenta cobrar multas por $5 millones. El dinero corresponde a sanciones que no se han podido materializar a través de la gestión de cobro en varias entidades estatales.
Dicha cifra deriva de multas impuestas por el Órgano Judicial, el Metro de Panamá, el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del Mercado de Valores.
Luego de que estas entidades intentaron cobrar las sanciones sin resultados positivos, los expedientes fueron enviados a la DGI, que tiene la potestad de aplicar mecanismos mucho más estrictos: todas aquellas figuras que el Código Judicial especifica sobre medidas cautelares, embargos y ventas judicial, relativas a los procesos de ejecución.
De acuerdo con lo que establece el Código Fiscal, la DGI procederá ejecutivamente al cobro de los créditos a favor de la Nación, mediante el ejercicio de la jurisdicción coactiva a nivel nacional.
La sustanciación del proceso por cobro coactivo procede cuando se trate de deudas tributarias o de aquellas que por ley son competencia de la DGI, siempre que sean claras, líquidas, exigibles y de plazo vencido.
De los $5 millones en multas que en estos momentos gestiona la DGI, $3.5 millones o el 68% corresponde a las sanciones impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores a los socios y fundadores de la extinta Financial Pacific.
La Superintendencia afirmó a este diario que sus oficiales de cobro realizaron las gestiones correspondientes a Iván Clare y West Valdés sin obtener resultado, toda vez que en ese momento se desconocía el paradero de los mismos.
Es así como desde inicios de este año, la DGI está recibiendo los casos de la Superintendencia correspondientes a Financial Pacific.
“Desde el 15 de marzo de 2017 se envió nota solicitando el cobro coactivo a la DGI”. En cuanto tengan resultados, notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores, precisó Celia Ana Bravo, directora de Administración y Finanzas de la Superintendencia.
La DGI, por su parte, confirmó que “ya los casos están en proceso y se han ordenado las medidas correspondientes. A la fecha ya se ha procedido con el cobro de más de 10 expedientes de la Superintendencia”.
Las multas a Clare —aún con paradero desconocido—, y a Valdés —recluido en la cárcel El Renacer— son históricas.
Los exdirectivos de Financial Pacific enfrentan las sanciones más altas que ha impuesto el regulador del mercado de valores.
En octubre de 2016, la Gaceta Oficial publicó la resolución emitida un año antes por la Superintendencia y en la que se sancionó a Clare por el monto de $1 millón, al comprobarse que se apoderó de los fondos de los inversionistas de la casa de valores y participó en el registro de información financiera falsa.
A Valdés se le multó con $800 mil, igualmente por usar y apropiarse del dinero de los clientes cuando estaba al frente del negocio.
En las auditorías de la Superintendencia se determinó que la casa de valores utilizaba un esquema ficticio de cuentas para justificar los movimientos mensuales de efectivo.
De acuerdo con el regulador, quedó demostrado que se incurrió en el apoderamiento y uso indebido de fondos de clientes. A las multas, que datan de 2015, se suman sanciones por faltas administrativas que reafirman que las irregularidades eran la regla y no la excepción en la casa de valores.
Por ejemplo, los fundadores de Financial Pacific realizaron una venta de acciones privadas de la empresa Facebook fuera del marco permitido para casas de valores que operan en Panamá. Los títulos no estaban registrados en el país, lo que provocó una sanción de $380 mil para Valdés y otros $330 mil para Clare.
También ejecutaron la intermediación de plazos fijos de la fallida Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss), simulando que estos correspondían a otro modelo transaccional.
Sería otra actividad no permitida para casas de valores que le costó a Valdés y Clare acumular otros $200 mil de multa.
Cuando en 2012 se destapó el presunto desfalco por $12 millones atribuido a la exempleada Mayte Pellegrini, según la denuncia de sus dos jefes, Valdés y Clare omitieron realizar la provisión. Esto provocó otra sanción que totalizó $800 mil.
Así las cosas, Clare enfrenta multas por cancelar que totalizan $1 millón 730 mil, mientras que Valdés acumula $1 millón 780 mil.
Dicen los expertos que después de tanto tiempo estaría por verse si ya no hay nada que secuestrar, porque posiblemente ya no queda ningún activo registrado con sus nombres.
