Una denuncia penal ante el Ministerio Público presentó “a título personal” el abogado Juan Antonio Tejada Espino, para que se investigue el proceso de la licitación que en 2013 la estatal Empresa de Transmisión, S.A. (Etesa) le adjudicó a Panamá NG Power.
La acción legal para que se investigue esta licitación ante una posible acción de fraude es un elemento que se suma al cúmulo de eventos que se han presentado desde 2013 hasta la fecha, y que incluyen la cancelación de la licencia a Panamá NG Power por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), hasta la presentación de un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia.
En la denuncia, Tejada pidió que se investiguen los hechos ocurridos en el proceso de la licitación que de comprobarse podrían ser tipificados como fraude en contratación pública.
El gas natural surgió como una nueva fuente de generación eléctrica, que pese a ser de origen térmico, es considerado menos contaminante que el búnker, el diésel o el carbón, y además tiene un precio más competitivo en el mercado energético.
La licitación para la contratación a 20 años para el suministro de potencia y energía exclusivo para centrales de generación a base de gas natural fue adjudicada el 20 de mayo de 2013 por el entonces gerente de Etesa, Fernando Marciscano.
A los pocos días de que se hiciera el acto para la presentación de propuestas (30 de abril de 2013) comenzaron los cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad sobre cambios en las reglas de la licitación.
Una de las adendas que se hizo a última hora en el pliego fue establecer que solo podrían presentar propuestas aquellas empresas que tenían licencia definitiva o licencia provisional para construir una planta. Con esta modificación quedaron fuera del proceso cerca de 20 compañías interesadas y el día de la licitación solo se presentó un proponente: Panamá NG Power.
A los pocos meses de la presentación de propuesta, mayo de 2014, la ASEP, a cargo de Zelmar Rodríguez, otorgó la licencia definitiva a Panamá NG Power para la instalación, operación y explotación de una planta de generación termoeléctrica denominada Telfers en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, con 670 megavatios de capacidad.
Se establecieron fechas específicas para el desarrollo del proyecto, entre ellos, la presentación del cierre financiero, requisito para el cual después Panamá NG Power solicitó prórroga.
El 10 de octubre de 2014, recién llegado el gobierno encabezado por Juan Carlos Varela, la ASEP negó la solicitud de prórroga y en noviembre le canceló la licencia a Panamá NG Power.
Tras la decisión del regulador, la empresa presentó una acción de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante sentencia del 26 de noviembre de 2015, ordenó a la ASEP otorgar la prórroga solicitada.
En cumplimiento de la decisión, la ASEP , el 3 de agosto de 2016 declara vigente la licencia a Panamá NG Power y solicita entregar el cierre financiero en 150 días, plazo que después redujo a 90 días. Ante esta medida, la empresa acude nuevamente a la Corte Suprema de Justicia y presenta un amparo de garantías, logrando que la corporación de justicia le atienda otra vez su reclamo devolviéndole el plazo de los 150 días para suministrar el cierre financiero.
En la denuncia, Tejada lamenta que se vea “menoscabada” la autoridad de la ASEP y trastocadas sus decisiones” por la Corte Suprema de Justicia “que dejan a un lado las consideraciones técnicas y regulatorias del sistema frente a peticiones convenientes a los intereses particulares de determinada empresa”. Igualmente destaca que en 2015 se licitó y adjudicó a AES Panamá y Martano Inc. la contratación de potencia y energía a base de gas natural por 350 megavatios cada una, y con precios por debajo de Panamá NG Power. Se consultó a Etesa y a la ASEP sobre este proceso, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. También se intentó contactar a los empresarios vinculados a Panamá NG Power, con igual resultado.
