He participado en programas televisivos Radar con Sabrina Bacal y Jorge Ritter, con títulos como: “Panamá no aguanta más impunidad, sostienen analistas” (2 de agosto de 2015); “Advierten que urge resolver la debilidad institucional en Panamá” (29 de mayo de 2016); “Se apaga la ilusión de los panameños por la falta de justicia” (16 de octubre de 2016) y “Rivalidad entre Ministerio Público y Órgano Judicial impacta justicia” (10 de septiembre de 2017), entre otros.
En ellos se ha concluido: La necesidad de que en Panamá haya certeza del castigo. Que empezamos muy emocionados los casos y no terminamos con la misma emoción. Que se necesitan investigaciones contundentes. Que los procesos, usualmente complejos, exigen conocimientos avanzados. Que falta que el Estado apoye con recursos importantes al sistema de justicia. Suerte de obviedades que no por ello está de más repetirlas.
He opinado, haciendo mías las palabras de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de medicina en 1905, que más que escasez de medios lo que hay es miseria de voluntad. Que el problema no es un emblemático caso. Ese caso es un síntoma de una enfermedad más grave.
Que corremos el riesgo de que en Panamá suceda lo que estiman analistas sucede en Colombia donde se dice: “La justicia dejó de funcionar, se convirtió en un juego de titulares de prensa, en el que la fiscalía gana las batallas en las primeras páginas, en las que se anuncia todo lo que va a hacer o señala los grandes culpables, aunque las pierda dos años después y sus culpables queden libres”.
El público, por ahora, observa la parte procedimental del problema. Conviene se le preste atención a la parte sustantiva o de fondo.
Jorge E. Madrid M. la ha descrito brillantemente en un artículo para La Prensa titulado: “¿Qué es el derecho en Panamá?”. Destaca que, en la visión funcionalista del derecho, el derecho denota la existencia de consensos sobre ciertos valores entre los miembros de la sociedad y actúa como una fuerza cohesiva fundamentada en consensos colaborativos. Otra visión es que representa un arma en manos de clases dominantes y un instrumento que mantiene y confirma divisiones en la sociedad.
“Aplicación del derecho en otros países, un millonario y expresidente es esposado de pies y manos, encarcelado junto a otros delincuentes, es el derecho sin distingos de clase social dominante o dominada”.
En Panamá el Código Penal castiga con pena de prisión de 2 a 4 años a quien capture o dé muerte a un ñeque, especie protegida.
Dos personas irán 2 años a prisión, por haber destruido un teléfono público ubicado en una escuela primaria en San Miguelito. Los daños fueron por $733 con 26 centavos.
10 meses de prisión e inhabilitación de 2 años para ejercer funciones públicas es la sanción impuesta por el juez primero municipal a una persona que ha alterado un medidor de luz.
En Panamá, el delito cuello blanco y la corrupción presentan, por ahora, otra historia y resultados.
El autor es abogado
