Destinar más recursos económicos y funcionarios especializados en materia de libre competencia se requieren en la mayoría de los países de América Latina para que las empresas se abstengan de realizar prácticas monopolísticas.
Así lo consideró ayer Alfonso Miranda Londoño, director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia en Colombia, durante su participación en el seminario taller de actualización de competencia dentro de la celebración del Día Nacional de la Libre Competencia.
Con más recursos, los jueces y magistrados podrán ejercer una labor eficiente e imponer sanciones a los que incumplen la legislación, señaló el especialista.
Miranda Londoño dijo que la libre competencia, una disciplina que estudia los comportamientos del mercado, es además hoy día “una política pública presente en todos los países del mundo y su importancia radica en proteger el bienestar de los consumidores”.
A pesar de que el monto máximo de las multas que dispone la ley panameña, ascendió de $100 mil a $1 millón, aún no es suficiente para que las empresas desistan de realizar prácticas monopolísticas, subrayó por su parte Óscar García Cardoze, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), organizadora del seminario.
García Cardoze reiteró la necesidad de avanzar de la mano con un procedimiento legal ágil, para que el nivel jurisdiccional resuelva los casos de una manera más expedita.
Para los expertos, los beneficios de la libre competencia se basan en una economía abierta a todos los mercados, permitiendo que el consumidor tenga acceso a gran variedad de productos o servicios.
