Las auditorias ordenadas por el Gobierno a las importaciones de alimentos empiezan a generar molestias. Tras dos semanas de análisis e inspecciones en las bases de datos de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), del Departamento de Protección de Alimentos (Depa) del Ministerio de Salud, y en la de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), se ha identificado que 70 de 106 empresas verificadas presentan algún tipo de anomalía.
Sin dar cifras exactas, Eduardo Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario, informó que algunas empresas han sido “bloqueadas”.
De las 200 empresas registradas, 106 han sido verificadas. En subproductos lácteos se detectaron 70 empresa con alguna irregularidad. La más común era que notifican la entrada de un producto cuando estaban importando otro, informó Edwin Vergara, director nacional de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Las auditorías empezaron con las importaciones de productos cárnicos y lácteos. Sin embargo, el plan es revisar todas las importaciones de productos alimenticios, dijo el funcionario.
En productos cárnicos se han detectado 70 empresas con anomalías y en lácteos más de 12, dijo Vergara.
Eduardo Carles
Ministro del MIDA.
A las empresas que se les comprobó irregularidades se les bloqueó el código de importación en Aduanas, Aupsa y en el DEPA. Sus corredores de aduanas también fueron restringidos. A las compañías se les abrió un proceso legal y en su momento se revelarán sus nombres, aseguró Vergara.
Según el funcionario, las multas para estas empresas van hasta 300 mil dólares, la suspensión o cierre de operaciones.
En cuanto a las empresas que no compran producción alimenticia local, informó que se analiza establecerles algún tipo de restricción en la importación.
El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) cuestionó la forma en la que realizan las auditorías técnicas.
“Empresas industriales que importan materia prima para producir alimentos han sido bloqueadas injustamente, castigadas por no tener vigentes los permisos sanitarios de operación. Sin embargo, esta condición obedece al proceso y los tiempos que conlleva la renovación de los mismos”, informó el gremio a través de un comunicado.
El SIP aclaró que no se opone a las auditorías implementadas por el Gobierno: “creemos que debe ser un vigilante de lo que se importa en el territorio nacional, con el cumplimiento de las leyes y reglamentos; pero, en el caso que amerita esta acción, los industriales fueron perjudicados innecesariamente, sin medir las afectaciones al comercio y al consumidor general”.
El organismo indica que “la falta de coordinación institucional y los pocos recursos de las instancias públicas, nos imposibilitan la actividad exportadora y ser competitivos. Contamos con una Aupsa muy complaciente con el proceso de importación; mientras que con los permisos y tramitología para el mercado local es todo lo contrario”.
Por su parte, Eduardo Carles, ministro del MIDA, indicó que las estadísticas demuestran un aumento en las importaciones en sectores muy sensitivos y “como Estado hemos tenido que tomar acciones del caso, porque hay que proteger y mantener el sano comercio en el país”.
