Explosión social convierte mercado chileno en perdedor

La explosión repentina e inesperada de los disturbios sociales en Chile hace 12 días ha convertido al mercado de valores del país en un perdedor global.

El índice de referencia S&P IPSA ha caído 6.1% desde el 18 de octubre, el día en que las protestas contra un aumento en las tarifas del metro se convirtieron en una ola nacional de disturbios, saqueos y ataques incendiarios. Ese es el peor desempeño entre 94 índices principales rastreados por Bloomberg.

El holding Inversiones La Construcción S.A., ha liderado las pérdidas con una caída de 18%. La compañía posee participaciones en la administradora de fondos de pensiones AFP Habitat y la aseguradora de salud Isapre Consalud, dos industrias en las que el gobierno ha prometido reformas para apaciguar a los manifestantes.

Las empresas de servicios de energía Engie Energía Chile S.A., y Enel Chile S.A., han perdido 15% y 14% respectivamente, luego de que el gobierno redujera las alzas de precios en la industria.

JPMorgan redujo su recomendación para las acciones chilenas a infraponderar desde neutral el 22 de octubre, ya que los disturbios agravaron el efecto del crecimiento mediocre y descarrilaron los planes del presidente Sebastián Pinera para impulsar la inversión privada.

Los inversionistas minoristas locales han liderado las ventas en el mercado local, según Hugo Osorio, jefe de estrategias de inversión de Falcom Asset Management. Los extranjeros se han mantenido más optimistas.

El ETF de iShares MSCI Chile negociado en Nueva York no ha tenido un solo día de salidas en octubre, según datos de Bloomberg.

“Hay una reacción exagerada de los inversionistas locales”, dijo Osorio en una entrevista con la radio Pauta Bloomberg. “Por el momento, los inversionistas extranjeros, que pesan mucho en el mercado local, han estado tranquilos”.

Chile tiene los salarios reales más altos de América Latina, la desigualdad de ingresos ha disminuido mayormente y la esperanza de vida es superior al promedio de la región. Según los estándares latinoamericanos, tiene una baja tasa de delincuencia y un alto grado de orden público. Ha realizado elecciones abiertas y honestas desde 1990.