Las irregularidades en el manejo operativo y la resistencia para aplicar lo que dictamina la ley dieron como resultado la intervención de Seguros BBA.
La aseguradora de capital venezolano había incurrido en faltas inadmisibles, cuyo cúmulo produjo la toma de control, por 30 días, ordenada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Las fallas han sido graves: incumplimiento a la ley de blanqueo de capitales y la inexistencia del reaseguro que acredite el respaldo de ciertas pólizas.
Previo a la intervención, ordenada el pasado miércoles 16 de mayo, la Superintendencia hizo muestras aleatorias y pudo confirmar debilidades en el proceso de debida diligencia del cliente. No se observó ninguna información que evidenciara las verificaciones del perfil de los asegurados, lo que supone que si hay Personas Expuestas Políticamente (PEP), estas pasaron inadvertidas.
Las irregularidades también abarcan la relación de Seguros BBA con sus clientes. Producto de una inspección en septiembre de 2017 y la validación de 189 expedientes, se determinó que la empresa solía recibir toda la documentación de los reclamos, pero pasaban 90 días sin que se honrara el pago a los asegurados.
También se encontró una excesiva declinación de reclamos sin una clara justificación.
Hasta marzo de este año, Seguros BBA tenía primas suscritas por $ 1.5 millones. Entre 26 empresas aseguradoras que operan en el país, Seguros BBA ocupa la posición número 21 en el ranking según el valor de pólizas suscritas.
Hace cuatro años, la compañía tenía una mayor participación de mercado. Pero varios tropiezos fueron mermando su alcance.
Tal es el caso de la inhabilitación, por un año, ordenada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ante el incumplimiento de una fianza como cobertura de una obra estatal.
La intervención de esta compañía se suma a otros recientes procesos que terminaron en liquidación forzosa, como el de Istmo Compañía de Reaseguros (Istmo Re) y Seguros Constitución.
Este diario habló con José Joaquín Riesen, superintendente de Seguros, quien cree que este episodio no debería tener implicaciones ni para los clientes ni para el mercado.
“El no actuar es lo que genera un efecto negativo, en especial en los seguros, cuyo pilar es la buena fe. Si a un consumidor no se le paga en el momento oportuno o bajo los términos pactados, eso sí tiene un impacto negativo. Sobre todo, si el regulador tiene conocimiento de lo que está pasando y no hace nada”, puntualizó Riesen.
El funcionario dijo que “el impacto será menor en la medida que no aparezcan más situaciones de este tipo”.
Multas y reincidencia
Previo a la actual intervención, que puede prorrogarse por 30 días, Seguros BBA fue sancionada en varias ocasiones. Las multas más altas se mantienen en estos momentos en proceso de apelación.
La Superintendencia ordenó en 2016 lo que se conoce como un proceso de regularización, en el que se nombra a una especie de asesor que identifica fallas y recomienda las mejoras en procesos.
Los documentos indican que la aseguradora siguió las directrices del asesor Jaime De Gamboa.
Sin embargo, levantado el periodo de regularización, la Superintendencia empezó a recibir quejas de los clientes. Las alarmas volvieron a encenderse.
Medios peruanos han informado de un accidente aéreo que ha dado como resultado el reclamo de un pago que no se ha concretado.
El problema, no obstante, no es la falta de pago, sino el hecho de que la aseguradora no tenía ninguna aprobación para ofrecer el seguro de casco aéreo.
