Firman decreto para entregar CAT

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó un decreto para la entrega de un certificado de abono tributario (CAT) que servirá para compensar a los exportadores locales ante la no renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés) por parte de Estados Unidos (EU).

Se trata de un mecanismo dirigido a un millar de empresas y 500 productores, que permitirá el canje de aranceles ocasionados por la exportación de productos al mercado estadounidense por impuestos generados en el país andino.

La Atpdea beneficiaba a Ecuador con el ingreso de 780 productos sin pagar aranceles en retribución por su lucha contra el narcotráfico.

Ese beneficio expiró el pasado 12 de febrero, y una renovación está en discusión en el Senado de EU, aunque un reciente diferendo diplomático suscitado entre ambos países ha hecho prever a las autoridades locales la suspensión definitiva.

El abono tributario forma parte de un plan de incentivos aprobado esta semana por el Gobierno, recordó Correa, al tiempo que descartó una eventual pérdida de empleos en los sectores productivos, como lo advierten empresarios de este país.

“Es mentira que se vayan a eliminar puestos de trabajo. Si esto llega a ocurrir será porque hay empresarios que son politiqueros, pese a que este gobierno es el que más les ha ayudado”, dijo Correa en su informe semanal de Rendición de Cuentas.

Agregó que “si alguien despide a sus trabajadores tomando como pretexto la no extensión del Atpdea será por mala fe”, y no porque exista algún motivo real para eliminar fuentes de trabajo.

Los empresarios han advertido que la no renovación de las preferencias pondrá en riesgo unos 400 mil empleos, principalmente, en los sectores productores de flores y de brócoli.

El mandatario desestimó, asimismo, que la no renovación de la Atpdea sea consecuencia de la decisión del Gobierno que el pasado 5 de abril expulsó a la embajadora de EU, Heather Hodges, tras la divulgación de un cable filtrado por Wikileaks. Dicho cable, supuestamente firmado en 2009, fue considerado por Quito como lesivo al mandatario. Correa recalcó que la acción ejercida contra la embajadora fue “soberana”, y apuntó que bajo ningún motivo Ecuador someterá “sus relaciones internacionales al mercantilismo”.