El Gobierno de Chile, que está enfocado en la sostenibilidad en el año que organiza la mayor conferencia ambiental del mundo, podría asignar una mayor parte de sus inversiones a proyectos respetuosos con el medio ambiente.
Las autoridades responsables del Fondo de Estabilización Económica de $14,000 millones y el Fondo de Reservas de Pensiones de $10,000 millones están estudiando si tiene sentido canalizar más capital a activos que tienen en cuenta los temas ambientales, sociales y de gobernabilidad, de acuerdo con Andrés Pérez, coordinador internacional de finanzas del Ministerio de Hacienda de Chile.
La revisión comenzó en mayo y no hay una fecha límite para tomar una decisión. Chile se suma así a otros fondos estatales para asegurarse de que sus prácticas de inversión apoyan la sostenibilidad y el trato justo de los trabajadores.
GIC Pte Ltd, de Singapur, está invirtiendo en empresas de energía renovable y Temasek Holdings Pte, también de Singapur, está creando un fondo de inversión de impacto.
En marzo, Noruega anunció que planeaba intensificar las restricciones a inversiones en carbón de su fondo de riqueza soberana de $1 millón de millones y que fomentaría las inversiones en activos de infraestructura de energía renovable.
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El comité de Chile considerará si puede aunar las estrategias principalmente pasivas de los fondos con los principios ambientales, sociales y de gobernanza.
Los funcionarios confían en que no tendrán que sacrificar el rendimiento de las inversiones para hacer el cambio.
Seguir los criterios de sostenibilidad “no destruye valor, sino que crea valor”, dijo Pérez en una entrevista. Según un estudio de Morningstar, el 63% de los fondos sostenibles terminaron en la mitad superior de sus respectivas categorías en 2018.
El Gobierno de Chile se prepara para organizar una conferencia ambiental de la ONU este año con el lema “The Time for Action Is Now” (el momento para la acción es ahora), y también está buscando más oportunidades para vender bonos verdes. A principios de este año, emitió con éxito un bono de 861 millones de euros ($966 millones) con vencimiento en 2031 y títulos por $1.400 millones con vencimiento en 2050 que cumplían con los criterios.
El Gobierno trabajó durante aproximadamente un año para obtener las certificaciones para la venta e identificó una cartera valorada en $4,400 millones de proyectos ambientalmente atractivos, dijo Pérez.
