La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión de una nueva operación marítima por no contar con una concesión aprobada y en donde la retribución para el Estado era casi nula.
Se trata de un muelle para despacho de combustible a embarcaciones que operó hasta agosto de este año la empresa Petrocar S.A. dentro de lo que la institución reconoce como su recinto portuario en Chiriquí Grande, Bocas del Toro.
La empresa está vinculada al diputado perredista Benicio Robinson y por más de 16 años solo pagó 10 dólares mensuales como canon de arrendamiento sin contar con una concesión para operar un muelle: un poco más de 30 centésimos diarios.
Este negocio va amarrado a una segunda estación de combustible y a un almacén dentro del mismo recinto portuario de la AMP, por la cual la compañía también pagaba otros 10 dólares mensuales, según documentos del departamento de facturación de la AMP a los que tuvo acceso La Prensa.
En total la empresa solo pagaba 20 dólares por tres operaciones en las inmediaciones del muelle fiscal de Chiriquí Grande. Robinson denunció que el desalojo que se le ha aplicado es parte de una persecución política y sostiene que está perdiendo ventas por 60 mil galones de combustible mensuales.
El administrador de la AMP, Roberto Linares, se limitó a decir que la institución solo ha procedido a poner en orden la situación del muelle de Chiriquí Grande.
Documentos revelan que Robinson operaba con un escueto permiso de la antigua Autoridad Portuaria, hoy AMP, que incluso se encontraba vencido. La empresa aduce que en la actualidad había solicitado la renovación de este permiso.
Se conoció que la AMP decidió no seguir aceptando el pago de los 10 dólares por la operación de la segunda gasolinera que aún opera Petrocar hasta que revise la situación de todo el área que está siendo explotada comercialmente sin que el Estado reciba una adecuada remuneración.
El diputado Robinson aceptó que la empresa Petrocar es de su propiedad, pero contrario a facturas de la AMP, sostiene que en lugar de 20 dólares por las dos operaciones en el recinto portuario pagaba 45 dólares. “ Yo tengo eso antes que fuera recinto portuario, y es más, no debería haber pagado nunca. Pero yo no soy el que pongo los precios. Si ellos querían subir los precios solo tenían que cambiarme la tarifa en lugar de cerrarme parte del negocio”, comentó Robinson, reiterando que todo es parte de una persecución política por parte del Gobierno.
También sostiene que una parte de estos negocios se encuentran en terrenos que son del Municipio de Chiriquí Grande, contrario a la versión de la AMP que argumenta que todo es parte de su recinto portuario.
“Todos los permisos para operar este negocio los obtuve desde el gobierno de Guillermo Endara cumpliendo con todos los requisitos que me pusieron en ese tiempo”, comentó Robinson. Se trata de la Resolución DDC-346-94 con la que la Autoridad Portuaria fijó el pago de 10 dólares por cada una de las dos gasolineras que se le dieron a Robinson.
Fuentes oficiales informaron que se ha procedido a revisar el sustento legal del permiso que respalda la operación de Petrocar.
