La Audiencia Nacional española comunicó ayer formalmente al Grupo Volkswagen su imputación en el caso de los motores trucados por delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la Hacienda Pública española, además de por fraude, falsificación documental y publicidad engañosa.
Directivos de la compañía en España acudieron ayer al despacho del juez Ismael Moreno y le garantizaron su “estrecha colaboración” en la investigación de la manipulación de los motores diésel que afectan al consorcio alemán en España.
El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del Grupo Volkswagen, Ramón Paredes, destacó a la prensa que el consorcio se ha “puesto a total disposición de la autoridades, como siempre lo ha hecho”.
También añadió que para el fabricante alemán de automóviles el cliente es lo “prioritario”, por lo que reiteró que el grupo asumirá todos los costes que se deriven de las intervenciones que haya que llevar a cabo en los modelos afectados.
El Grupo Volkswagen cifró en 683 mil 626 los coches afectados de las marcas Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda, que llevan un motor diésel con un software que, si está activo, altera los datos de emisiones de NOx cuando pasa una inspección técnica. Sin embargo, la empresa alemana aún no ha determinado cuáles de todos ellos llevan activo dicho programa ni ha concretado qué actuaciones deberá llevar a cabo para modificar el software.
El pasado 28 de octubre Moreno había reclamado todos los comunicados oficiales, la relación de los autos afectados en España, el organigrama de la filial española y el listado de las medidas adoptadas para subsanar lo ocurrido.
