La filtración de las conversaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela reveló un manejo entre los órganos del Estado alejado de la independencia requerida.
La filtración provocó la renuncia de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, que se sumó a la lista de jefes del Ministerio Público que no llegaron a completar el periodo de 10 años.
Estos acontecimientos suceden de manera paralela a un proceso de reformas constitucionales que ha generado críticas y protestas contra la Asamblea Nacional, y mientras casos judiciales de alto perfil concluyen sin castigo.
Este escenario de debilidad institucional podría tener consecuencias económicas eventualmente, específicamente desde el punto de vista de la atracción de inversiones, como señalaron algunos economistas y líderes empresariales.
El economista Felipe Chapman dijo que con los últimos acontecimientos “ha quedado confirmada la debilidad institucional de nuestro país”, algo que pudiera repercutir en la economía, porque “si hay dudas o falta de credibilidad en el sistema judicial, eso va a afectar el flujo de inversión, tanto nacional como extranjera. Un inversionista busca certidumbre”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jorge Juan De La Guardia, apuntó que “las empresas serias invierten en países donde existen reglas de juego claras. En la medida que se produzca una transformación de la justicia llegarán más inversiones y se generará más empleo en el país”.
La crisis institucional se produce en un momento de desaceleración de la actividad, que ha llevado al país a los niveles más bajos de crecimiento en lo que va de década. De La Guardia dijo que para este año, el gremio proyecta un crecimiento entre 3.7% y 4%, un ritmo similar al registrado en 2018, mientras que para el próximo ejercicio se espera un repunte hasta el 4.5%.
Competitividad
Para el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, la calidad de las instituciones es un componente fundamental para la competitividad de un país.
No obstante, en los últimos años las instituciones de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial han experimentado “un deterioro visible y alarmante”.
Según el último Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, la falta de independencia judicial es el aspecto que más lastra la competitividad del país.
De un total de 141 países incluidos en el ránking, el país ocupa la posición 129 en el campo de independencia judicial, siendo Finlandia el primer país en este sentido.
Además, la calidad de las instituciones es analizada por las calificadoras de riesgo a la hora de asignar una calificación crediticia al país, que tiene incidencia en el costo de la deuda que contrata el Estado.
Oportunidad de mejora
Con toda crisis llega una oportunidad. Y ese es el panorama que enfrenta la administración de Laurentino Cortizo, que deberá nombrar el reemplazo de la procuradora Kenia Porcell al frente del Ministerio Público y a seis magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia y nueve suplentes a lo largo de su mandato.
“Es una oportunidad de oro para recomponer la justicia nombrando tanto en la Corte como en la Procuraduría a personas que tengan valores intachables, ética, moral y que sean incorruptibles. El país está cansado de la corrupción y la impunidad y necesitamos certeza del castigo y que los fallos se produzcan en derecho”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, para quien en la selección de las nuevas figuras en la Procuraduría y la Corte “no hay espacio para la equivocación”.
