La aplicación eficaz del conjunto de normas y principios en el que se sustenta el gobierno corporativo no llega aún a niveles aceptables.
La mayoría de las empresas en Panamá y en el mundo tratan de dar algunos pasos en esa dirección, pero el intento se queda en los enunciados.
El buen gobierno no es más que la serie de normas y principios para fortalecer la transparencia en la administración y las actividades financieras de una empresa, ya sea pública o privada.
El Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP) y la Superintendencia de Bancos hacen esfuerzos para promover estos principios impulsando su debate periódicamente, tal como ocurrió en la XX Convención Bancaria Nacional que recientemente organizó la Asociación Bancaria de Panamá.
En esta actividad, el superintendente de Bancos, Alberto Diamond, compartió la visión que esta entidad tiene sobre ese tema en el contexto de la supervisión bancaria.
El funcionario empezó por recordar que luego de la crisis de 2008 se han multiplicado los estudios que buscan hacer conciencia sobre la importancia del buen gobierno y la mayoría de estos revelan fallas que sobre ese tema se dan en bancos de todo tamaño.
La información sobre exposición al riesgo, agregó, en buen número de casos no llegó a la junta directiva y aún a los niveles de la gerencia superior, que aprobaron las estrategias, pero obviaron establecer las medidas adecuadas para su desarrollo.
El mensaje principal de Diamond iba dirigido a la cabeza de las instituciones financieras. “Como hemos escuchado, la responsabilidad primordial de un buen gobierno se basa en el papel de la junta directiva, del gerente general y el resto de los altos directivos de los bancos”.
Es vital también, dijo, para el logro de este fin el rol de los supervisores bancarios en el desarrollo de la orientación y evaluación de estas prácticas.
La Superintendencia de Bancos prepara un acuerdo, para modificar el denominado 4-2001, con el que busca extender el ámbito de aplicación de la norma a las propietarias de acciones bancarias.
Igualmente introducirá la adopción de un reglamento interno de la junta directiva que contemple, entre otras cosas, el perfil profesional requerido a los directores, plazo de mandato y reelección, remuneración y criterios que definan su independencia.
Se reforzarán funciones del comité de auditoría relacionadas con cumplimiento de políticas de contabilidad y la revisión de los estados financieros, entre otras cosas.
Igualmente, se incorporan algunas funciones adicionales a la auditoría interna para fortalecer su gestión.
