La Ley 70 de 31 de enero, que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones, norma que establece como delito penal la defraudación de impuestos, fue demandada por inconstitucionalidad el mismo día de su nacimiento.
La norma, aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional el pasado martes 29 de enero, fue sancionada el jueves 31 de enero, y promulgada ayer, 1 de febrero, en Gaceta Oficial.
También ayer, el abogado Felipe Chen Castillo, que dijo actuar en nombre propio, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la ley.
La norma establece que solo será procesado penalmente, expondiéndose a penas de prisión de dos a cuatro años, aquel que defraude intencionalmente al fisco una suma igual o superior a $300,000 en un año. Si la evasión es por un monto inferior, el caso se mantiene en la esfera civil, como sucede actualmente.
El abogado sostiene que la ley crea un tratamiento favorable de menor rigor procesal al que defraude al Tesoro menos de $300,000 y por lo tanto habría tratamientos distintos ante la misma conducta. “La Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera uniforme que no puede haber un tratamiento especial o diferente a una persona por el mismo acto jurídico, en este caso la defraudación al fisco”, recoge la demanda.
Por otra parte, el abogado argumenta que la norma también violaría la Constitución porque se establecen penas de cárcel por defraudar al fisco cuando en realidad el Estado es un acreedor tributario y el contribuyente un deudor tributario y la Constitución Nacional establece que “no hay prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles”.
Al respecto, representantes del Gobierno han señalado que la ley no establece penas de cárcel por estar moroso con el fisco, sino por simular actos o falsear documentos para evitar su pago.
