El comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea (CE), Pierre Moscovici, se ha desmarcado de la polémica lista negra que presentó el pasado martes el organismo al que representa, al aducir que fue elaborada por los ministros de Economía y Finanzas del bloque europeo. A su juicio, la CE sirvió solo de marco para encontrar el acuerdo.
“No voy a justificar aquí las elecciones hechas por los ministros de finanzas esta mañana [el pasado martes]. Ellos asumieron sus responsabilidades: esta lista es suya. Depende de ellos responder a esta lista frente a los ciudadanos, la representación europea y la sociedad civil”, escribió en su blog en internet.
La autoridad de la Unión Europea (UE) quedó comprometida tras dejar fuera del elenco de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal a los propios Estados miembros. Por ello, Moscovici se ha desvinculado de su autoría y hasta ha puesto en duda su credibilidad.
“Algunos criticarán esta lista, que prácticamente no contiene ninguna de las jurisdicciones mencionadas en los últimos meses en los escándalos revelados por periodistas y oenegés. De hecho, solo Panamá está allí. Las Islas Caimán, Jersey y Guernsey, Singapur u otras jurisdicciones citadas regularmente están ausentes. Por lo tanto, surge la cuestión de la credibilidad de este ejercicio”, ha comentado.
El que fuera director de la campaña electoral en 2012 del anterior presidente de Francia François Hollande y ministro de Economía y Finanzas del gobierno socialista francés, ha admitido que la lista negra de la UE es “insuficiente” para responder al problema global de los paraísos fiscales.
Sin embargo, ha señalado que su simple existencia es ya un “mérito” por sí mismo.
La lluvia de críticas al organismo europeo se ha sucedido tanto dentro como fuera de la institución. Una de las voces más sonadas ha sido la del vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, el conservador alemán Markus Ferber.
“Desafortunadamente, solo se ha tenido en cuenta el mínimo común denominador, sin ambición. Hay que poner también en el punto de mira a los paraísos fiscales dentro de la UE. Los territorios de ultramar de Reino Unido, Malta o Madeira caen para mí dentro de la categoría de paraíso fiscal”, ha escrito Ferber en su cuenta de Twitter.
La buena imagen de la Comisión Europea como custodia de la transparencia fiscal se vio mermada en el momento en que se supo que su presidente - Jean-Claude Juncker- permitió de forma indiscriminada los abusos de las grandes multinacionales cuando era primer ministro de Luxemburgo (1995-2013).
La investigación periodística llamada “Luxleaks” sacó a la luz prácticas opacas que permitieron a las grandes empresas ahorrarse millones de euros en impuestos gracias a ventajosos acuerdos secretos con el Gobierno luxemburgués. Juncker estuvo en el poder durante 15 años. Por eso a nadie le sorprende que los resultados prácticos de la lista negra publicada este martes por la UE sean un consenso final descafeinado que tiene más de estrategia política que de combate legítimo contra la evasión fiscal.
Doble moral
En Panamá, tanto el Gobierno como los gremios empresariales se refirieron al doble rasero o discurso utilizado por la Unión Europea en la elaboración de la lista.
Ayer se reunió en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas la Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y Financieros (Cansif), conformada por representantes del Gobierno y de la empresa privada.
La reunión era ordinaria y había sido convocada antes de la inclusión de Panamá en la lista negra, pero el tema no pasó inadvertido.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Inocencio Galindo, dijo a este diario que “hay un repudio unánime ante esta medida”, tanto por parte del Ejecutivo como del sector privado.
“Nos parece sumamente injusta. Panamá ha venido dando pasos muy concretos para cumplir los estándares internacionales, no solo con la suscripción de normas, sino con su implementación. Se están gastando millones de dólares, se ha afectado el negocio de servicios internacionales, se ha cambiado la estructura de varios de estos servicios. Ha sido un esfuerzo muy grande y nos parece un irrespeto”.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) dijo que los cambios que ha efectuado Panamá producto de las presiones internacionales han provocado una caída de 8% en los depósitos bancarios internacionales, además de una “merma en los negocios marítimos y poco a poco en la muerte de los negocios de sociedades anónimas”.
El viceministro de Economía, Iván Zarak, que también participó en la reunión de Cansif, manifestó a este diario que entre los regímenes fiscales que ha señalado la Unión Europea como perniciosos están las zonas especiales y las zonas francas que hay en el país.
Zarak volvió a referirse a la doble moral del bloque europeo por señalar a Panamá como paraíso fiscal por estas zonas especiales cuando existen en todo el continente y en otras regiones del mundo.
De hecho, el tema de los efectos de las zonas especiales en el mundo está siendo abordado en el marco del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo en el que Panamá participa de manera activa.
Tanto Zarak como Galindo apuntaron que no tiene sentido que si los países de la Unión Europea forman parte de la OCDE y el tema de las zonas especiales se está abordando en este foro, señalen a Panamá por este motivo.
Como un gesto de protesta diplomática, la Cancillería de la República llamó a consultas al embajador de Panamá ante la Unión Europea, Darío Chiru “a fin de valorar los pasos a seguir”.
Galindo recomendó esperar a tener una explicación formal para tomar los siguientes pasos. “Dejamos claro que con los países que nos han tratado de esta manera, que nos han hecho esta movida, hay que analizar bien la respuesta. No se puede descartar nada en este momento”.
Aunque la lista ha sido publicada por la Unión Europea como bloque, Galindo señaló que “nos podemos imaginar qué países están detrás” de lo que calificó como una actuación “injusta y arbitraria”. “Causa mucha frustración luego de tanto esfuerzo que nos incluyan en una lista en la que convenientemente se dejan fuera jurisdicciones relacionadas con la UE”, añadió.
Varios representantes de la empresa privada consultados dijeron que no se debe descartar la aplicación de medidas de retorsión por parte de Panamá, aunque precisaron que hay que calibrar su efecto para que no se perjudique el país.
