Luego de las consultas públicas celebradas la semana pasada en la Asamblea Nacional, de las que derivaron las sugerencias de varios sectores de la sociedad civil, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa introducir algunos cambios al proyecto de ley que reformará el impuesto de inmuebles a partir de enero de 2019.
Uno de los aspectos más cuestionados de la propuesta legal es la diferenciación entre las familias y los grupos no familiares para determinar el nivel de exoneración y las tarifas a aplicar sobre el valor de las propiedades.
Según el proyecto de ley que presentó el MEF, las viviendas constituidas como patrimonio familiar tributario, es decir, aquellas en las que resida una familia, recibirían una exoneración superior y una tarifa más favorable que las residencias de solteros sin hijos, parejas sin hijos con menos de cinco años de convivencia y todos aquellos grupos que no encajen en la definición de familia plasmada en el Código de la Familia y del Menor.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, confirmó a este diario que “estamos trabajando en las modificaciones de los artículos con miras a introducir el concepto de vivienda principal”. De esta forma se cumpliría con la recomendación de gremios empresariales y representantes de la sociedad civil y el beneficio máximo se aplicaría a la residencia principal de cada persona, independientemente de su estado civil. Por lo tanto, las viviendas principales estarían exoneradas de pagar el impuesto por los primeros $120 mil del valor catastral de la propiedad; pagarían una tarifa de 0.5% en el tramo entre $120 mil 1 y $250 mil; y una tarifa de 0.9% para el excedente sobre $250 mil 1.
De La Guardia dijo que también se está trabajando en fórmulas para que no haya un abuso del beneficio. El Ejecutivo intenta evitar que segundas y terceras propiedades se registren como viviendas principales para acogerse a la máxima exoneración.
Las segundas propiedades y desarrollos comerciales e industriales tendrán una exoneración de los primeros $30 mil; una tarifa de 0.6% para el tramo entre $30 mil 1 y $250 mil; y una tarifa de 1% para el excedente sobre $250 mil 1.
Estas tarifas también representan ahorros para los contribuyentes en comparación con las actuales, que gravan con una tarifa de 2.10% el excedente sobre $75 mil.
Sobre los señalamientos del sector privado de que la eliminación de las exoneraciones a zonas francas, áreas económicas especiales y el sector energético afectan a la seguridad jurídica de las inversiones, De La Guardia dijo que estos sectores “se rigen por leyes de la República que son susceptibles de ser cambiadas por parte de la Asamblea Nacional”.
Lo que busca el Ejecutivo con la propuesta legal, dijo De La Guardia, es que todos los contribuyentes aporten para atender las necesidades del país. “Las zonas francas requieren de infraestructura pública para tener carreteras, agua, electricidad y otros servicios. El impuesto de inmueble está destinado para que esos recursos se usen en las comunidades”, argumentó el ministro.
