El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) iniciará una investigación administrativa para determinar si se justifica el establecimiento provisional o definitivo de medidas de salvaguarda aplicadas a la carne de cerdo.
Este mecanismo se aplica a determinados productos cuando las importaciones hayan causado o representen una amenaza para la producción local.
Los criadores de cerdo han venido denunciando en los últimos años la entrada al país de carne de cerdo, incluso, por encima de las cuotas que establecen los tratados comerciales, con lo cual se ha provocado una saturación del producto y la dramática caída del precio.
A través de la Resolución emitida ayer, 3 de mayo de 2019, la Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y Defensa Comercial del MICI ordenó la investigación a solicitud de la Asociación Nacional de Porcicultores de Panamá (Anapor).
El organismo, que representa al 54% de los productores nacionales, solicitó desde el pasado 6 de noviembre de 2018 la aplicación de las medidas de salvaguarda permanente, aplicable a la carne de cerdo congelada, fresca, refrigerada, en canales, sin deshuesar o deshuesada.
Las importaciones que se investigarán son originarias de Estados Unidos, Canadá, España, Costa Rica y Colombia.
Los comerciantes e importadores que estarán bajo la lupa del MICI son: Carnes de Coclé, Productos Kiener, Importadora Ricamar, Importadora Virzi, Pricesmart, Agroindustrial Rey, Compañía Goly, e Importadora y Exportadora Hermanos Gago, entre otros.
Además de Anapor, en el proceso de descargos también participará la Asociación de Productores Unidos de Cerdo de Panamá (Apup), Asociación de Productores de Cerdo de Panamá (Aprocerpa), los importadores, las empresas que les venden el producto y los Gobiernos de sus países.
Las partes interesadas tendrán un periodo de 30 días calendario, a partir de la notificación de la resolución, para que concurran a hacer sus descargos.
Las autoridades panameñas tomarán en cuenta la recopilación de datos que demuestran el aumento de las importaciones, que va desde 1 de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2018.
En tanto, los productores de cerdo y las empresas procesadoras tendrán que demostrar, a través de sus estados financieros, que efectivamente sus ventas han caído como consecuencia directa de las importaciones.
El gobierno de Juan Carlos Varela ordena la investigación dos días antes de las elecciones generales del país y después de haber transcurrido seis de la solicitud de los productores.
El sector agropecuario ha intensificado sus quejas y protestas durante el último años, debido al exceso de las importaciones y la tardía aplicación de incentivos a la producción.
Esta actividad productiva se convirtió durante el actual torneo electoral en una de las banderas de los candidatos a la Presidencia, que, al unísono, han prometido cambios importantes, como tecnificación, inversiones, préstamos y hasta la eliminación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).
Las asociaciones de cerdo, por su lado, exige como mínimo la aplicación de medidas de salvaguarda por cuatro años, hasta que estabilicen su producción. Así lo confirmó Oswaldo Díaz, miembro de la junta directiva de Anapor.
El gobierno, por su parte, ha dicho que debe investigar las repercusiones que puede tener dicha medida para no violentar los acuerdo comerciales suscritos por el país y las normas bajo las cuales opera la Organización Mundial del Comercio (OMC).
