El Gobierno prepara el terreno para asegurarse el financiamiento de nuevas obras de infraestructuras. El ministro encargado de Economía y Finanzas (MEF), Omar Castillo, llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para crear un régimen de Asociación Público-Privada (APP).
Este esquema podrá utilizarse en proyectos de inversión social y económica, pero será empleado especialmente en la construcción de carreteras, energía, comunicaciones, hospitales, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de agua, puertos y otros, señaló Castillo, quien negó que el proyecto esté concebido para desarrollar proyectos como la torre financiera o la ciudad gubernamental.
En este sistema, la empresa privada puede financiar el 100% del proyecto, y el Gobierno le pagaría a través de un contrato multianual de prestación de servicios.
El plazo del contrato entre Estado y empresa dependerá de la envergadura del proyecto, pero en ningún caso podría ser menor de cinco años, ni exceder los 50 años.
Al contrario que en el modelo tradicional, la empresa asumiría algunos riesgos en la construcción y financiación del proyecto.
Cuestionado por el sobrecosto que podrían suponer el hecho de que las empresas asuman más riesgos, Castillo dijo que las obras no serán necesariamente más caras, “dependerá de los términos del contrato”.
Uno de los objetivos del Gobierno es transferir riesgos inherentes a los proyectos que pueden ser atendidos por el sector privado de manera más eficiente.
Fuentes de empresas constructoras y analistas prefirieron no opinar porque desconocen el contenido del proyecto, aunque sí reconocieron que surgen distintas interrogantes.
La primera de ellas es en cuanto a la diferencia entre este tipo de régimen y el mecanismo tradicional que se ha utilizado hasta la fecha, con la banca privada y los organismo internacionales.
Lo que busca el Gobierno es disminuir la presión presupuestaria que este tipo de obras representa para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, intuyen.
“Por lo menos las autoridades del MEF están empezando a reconocer que tienen que controlar los gastos”, comentó una de las fuentes, quien advirtió que en el documento debe quedar claramente establecido los mecanismos de licitación.
En otros países de la región, como México, se ha utilizado este esquema para el que se buscó la asesoría y el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo.
