Un anteproyecto de ley presentado ayer en el pleno de la Asamblea Nacional por el diputado oficialista Melchor Herrera plantea una moratoria fiscal a todos los impuestos por un periodo de seis meses.
Además, durante los dos primeros meses desde la promulgación de la norma, los contribuyentes que no hayan presentado sus declaraciones juradas y formularios al 30 de junio lo podrían hacer sin ser multados.
El consultor fiscal Osvaldo Lau, que participó junto a un grupo de tributaristas en la elaboración del anteproyecto, señaló que esta medida le da la oportunidad al contribuyente de cumplir y al fisco de recibir información valiosa para detectar otros omisos.
“Actualmente, cuando un contribuyente está moroso en cumplimiento de obligaciones, no de pagos, prefiere mantenerse escondido hasta que haya una oportunidad de hacerlo sin un cargo mayor. Ahora se estaría abriendo la posibilidad de hacerlo”, dijo Martha Luna, tributarista que también participó en la elaboración del texto.
La propuesta incorpora, además, la exigencia a la Dirección General de Ingresos de hacer divulgación sobre el periodo de moratoria.
El incremento en el número de contribuyentes omisos fue uno de los argumentos esgrimidos por la administración pasada para explicar la caída de ingresos en la primera mitad del año.
Entre enero y junio los ingresos corrientes sumaron $3 mil 377 millones, cifra que representa una caída de $167 millones si se compara con el mismo periodo del año anterior y de $960 millones contra el presupuestado.
Esa brecha aspira a ser reducida con la moratoria, que permitirá a los contribuyentes regularizar su situación sin incurrir en intereses y recargos.
Además, los contribuyentes que se acojan a la moratoria se beneficiarán de la prescripción de oficio de impuestos atrasados, respetando los plazos establecidos en la ley para cada tributo.
Los expertos comentaron que muchos contribuyentes morosos que tienen derecho a prescripción no pagan las cuentas pendientes porque temen que la cantidad abonada sea destinada a los intereses o deuda prescrita, y no a la real.
Con esta propuesta se eliminaría ese factor, ya que no sería necesario hacer el trámite de solicitar la prescripción, sino que esta se haría de oficio, y el monto que pague el contribuyente servirá para cancelar la deuda real.
Si es aprobada, será la primera moratoria total desde 2014, cuando el entonces gobierno entrante de Juan Carlos Varela recurrió a este mecanismo para reducir el déficit fiscal en el cierre del ejercicio. En los últimos años se han aprobado otras moratorias, pero eran de tributos específicos, como el impuesto de inmueble.