El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contrató a la firma de abogados internacional Hogan Lovells US LLP para que actúe en defensa de Panamá ante una nueva y millonaria demanda internacional.
A título de honorarios, se fijó el pago de $1.5 millones bajo un contrato que comprende servicios desde 25 de mayo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.
“La función del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido la de contratar a la firma experta en procesos procesales y arbitrales y proveer los recursos necesarios para la defensa de los intereses de la nación panameña”, comunicó a este diario la entidad.
En la demanda interpuesta en un tribunal arbitral, por la fallida casa de valores Panamá Wall Street, se alega que Panamá infringió las disposiciones contenidas en un convenio de inversión suscrito con el Reino de los Países Bajos. El fallo, según el demandante, se daría tras resolver la liquidación forzosa de la empresa en 2016.
El Estado, en tanto, niega enfáticamente la violación a las disposiciones de dicho convenio.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) alega que estudió con detenimiento la situación de la casa de valores y determinó en su momento que los intereses de los inversionistas estaban en riesgo y que la casa de valores actuó con negligencia. Por ello, se tomó la decisión de intervenir y luego la de liquidar. “No fueron decisiones precipitadas”.
El demandante, Jochem Bernard Buse, de nacionalidad holandesa y exaccionista principal de Panamá Wall Street, aduce en su acción que los hallazgos encontrados en las inspecciones previas a la liquidación eran administrativos y corregibles.
La SMV ordenó la intervención de la casa de valores Panamá Wall Street mediante resolución fechada el 28 de marzo de 2016.
Entre las deficiencias detectadas se encuentran la ausencia de expedientes de clientes actualizados, la inexistencia de una lista de beneficiarios finales o un listado de personas políticamente expuestas.
La intervención administrativa tiene como finalidad evitar un daño real, inminente y significativo, de acuerdo con las disposiciones de la ley de valores.
En esta etapa de la intervención se levanta un informe para determinar el futuro de las entidades. Algunas de las irregularidades son subsanables. Pero en ciertos expedientes no hay vuelta atrás y lo que queda es resolver la liquidación forzosa.
En el caso de Panamá Wall Street, esta se ordenó el 8 de junio del año pasado.
La demanda de Bernard Buse se registró el pasado 11 de mayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. El tribunal que atiende el caso se constituyó el pasado 4 de octubre de 2017, y está formado por Lucinda A. Low, designada por el consejo administrativo; Laurence Boisson de Chazournes, nombrado por el demandante; y Marcos Peña Rodríguez, designado por la parte demandada.
El reclamo es por $62.5 millones, que corresponden a $60 millones por indemnización y $2.5 millones por daño moral. A esta cifra podrán sumarse intereses, los cuales se calcularían al cierre del proceso, si es que el tribunal llegara a fallar a favor del demandante.
El pasado 13 de noviembre, la firma contratada por Panamá presentó observaciones vinculadas a medidas provisionales.
