Desde que Panamá se adhirió a las recomendaciones de gobierno digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2017, el país subió 14 posiciones entre 193 países.
Así lo reveló ayer Irvin A. Halman, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), quien explicó que Panamá es uno de los países que más aumentó en participación ciudadana relacionada a gobierno digital.
Actualmente, la OCDE lleva a cabo una revisión de las 12 recomendaciones del organismo para implementar el gobierno digital en Panamá.
En el análisis se evalúan los esfuerzos realizados hasta la fecha para avanzar en el desarrollo de e-gobierno, que fomenta la simplificación administrativa, la desburocratización y un acceso más sencillo a los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
Se trata de lograr un cambio total que los miembros de la OCDE consideran como la piedra angular del camino hacia una economía digital y hacia una sociedad digital, dice un informe presentado ayer por el organismo denominado “Revisión del gobierno digital de Panamá”.
El objetivo es ayudar al Gobierno de Panamá en los esfuerzos por hacer realidad la transformación digital, pasando de un enfoque de un gobierno electrónico a un gobierno digital.
Durante la presentación de este informe, la vicepresidenta de la República, Isabel De Saint Malo, reconoció que en muchas instituciones hay una carencia de información para poder elaborar mediciones.
Enfoque interactivo
Viendo los datos de las instituciones, se puede observar la oferta de servicios y donde se debe ser más eficiente, afirmó Bárbara Ubaldi, jefe de Gobierno Digital de OCDE.
Incluso, implementando un buen sistema de gobierno digital se puede cruzar información entre una institución y la otra para conocer si se han mejorado los servicios que se brindan a la población.
“Esto requiere reconocimiento de los datos, que se puedan integrar y que se utilicen para hacer proyecciones”, agregó.
Tanto los representantes de la AIG como de la OCDE reconocen que es un trabajo progresivo que no se resuelve en un solo periodo de gobierno.
El camino final es la transparencia y tener al servicio de los ciudadanos la información de cada una de las instituciones que funcionan en el aparato estatal, pero que además haya análisis con esos datos.
