Panamá, un país de servicio, con el uso de una moneda fuerte y crecimiento económico sostenido, se ha convertido en un paraíso para la inversión extranjera directa y un destino migratorio marcado en los últimos años.
De acuerdo con datos oficiales, de 2010 a 2016 se legalizaron en el país 150 mil 876 extranjeros.
En esta estadística están incluidas las 62 mil 294 personas que ingresaron bajo procesos extraordinarios de legalización; el llamado Crisol de Razas, una política que entre sus máximos y superficiales objetivos buscaba la recaudación de ingresos a raíz del cobro de trámites migratorios.
Por otro lado, habría que contabilizar a otros 13 mil 854 extranjeros que han normalizado este año su estancia, principalmente apelando a su condición de ejecutivos de empresas sedes y multinacionales.
Además, hay 41 mil 334 migrantes que en estos momentos realizan un trámite para legalizar su permanencia en Panamá.
Las cifras oficiales obviamente no consideran a los turistas que se mantienen en el país dentro de los días que permite la ley que probablemente evalúan vivir en Panamá, además de los visitantes que excedieron su tiempo límite y cayeron en el renglón de ilegales.
El flujo de todas estas personas responde a un tema de migración laboral mundial. Panamá no es una isla, no es un caso único ni una rareza hemisférica. Verlo de otra forma o ignorarlo sería un acto de ceguera voluntario.
De acuerdo con un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en 2015 existían alrededor de 232 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 150 millones son trabajadores migrantes.
La ola migratoria en el país plantea un reto del que se ha hecho eco el sector privado.
“Flexibilidad o Restricción Migratoria Laboral ¿Qué Necesitamos ?”. Con esta interrogante, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) ha bautizado un foro en el que se pretende analizar este miércoles la realidad migratoria del país, su impacto en el mercado laboral y, por ende, los desafíos que enfrenta Panamá.
Juan Gabriel González, presidente de Apede, habló con este diario sobre las reflexiones que pusieron el tema migratorio entre las prioridades del gremio.
Una de las más importantes, indica, es que el país requiere una migración que aporte al desarrollo económico y que se inserte al mercado laboral con las reglas que establece la legislación local. “El país necesita ser global”, recalca González.
“No podemos dejar ir las inversiones que necesitan de mano de obra extranjera y que generarán trabajo...”, indica González, sin obviar que hay que reforzar los controles migratorios y supervisión laboral para que realmente entre la mano de obra que se necesita: científicos, educadores del más alto nivel y técnicos.
PERMISOS DE TRABAJO
En el año 2015 se aprobaron 20 mil permisos de trabajo; otros 27 mil 128, durante 2016; y en el primer semestre de este año 9 mil 472, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Suele decirse que muchos de esos empleos representaban oportunidades que perdieron trabajadores panameños, pero en alguna medida se trataba de espacios que requerían perfiles que no se conseguían en la plaza.
Hay cientos de legalizaciones de residencias gestionadas a favor de ejecutivos de empresas multinacionales, empleados de compañías internacionales, técnicos de la Ciudad del Saber, trabajadores que llegaron para la ampliación del Canal o personal del área Panamá Pacífico.
De acuerdo con los estudios del mercado laboral, de 2015 a 2020 el país generará 232 mil puestos de trabajo que no podrán ser llenados en su totalidad por los nacionales.
Un informe, elaborado por René Quevedo junto con Isabel Atencio y Ana Ríos, especialistas en la temática laboral, da cuenta de que para este periodo la brecha entre la oferta estimada y la demanda de empleo proyectada es de 67 mil 560 técnicos, mayormente en el sector logístico y construcción, y cerca de 2 mil profesionales.
Quevedo ha puesto el dedo en la herida, al explicar que la migración laboral, al igual que la pérdida de protagonismo juvenil en la expansión del empleo, son síntomas del divorcio entre el sistema educativo y el sector empleador.
A su juicio, las preguntas son: ¿qué tipo de migración necesitamos? y ¿cómo puede la migración laboral selectiva mejorar la empleabilidad y sostenibilidad laboral de los jóvenes, que hoy representan un tercio de la población en edad productiva y 60% de quienes buscan trabajo en el país, pero solo obtienen 1 de cada 15 nuevos empleos que la economía genera?
“Es un hecho que se necesita una política migratoria y reforzar la llegada de gente que traiga experiencia al país... Nuestro reto no es crear empleo, sino crear empleo incluyente. Nuestra política de migración laboral debe apoyar el logro de este objetivo”, dijo.
Pero al margen de la inmensa riqueza que generan las multinacionales, los aportes de científicos y técnicos, y el crecimiento que generan los inversionistas serios, González y Quevedo reconocen que se han estado ocasionando distorsiones en el sistema.
Se han llenado espacios laborales con personas sin permiso trabajo, extranjeros que no pagan impuestos ni seguridad social, que ante su precaria condición migratoria reciben un salario muy por debajo del profesional local. Esta dinámica, evidentemente, castiga a las empresas que sí trabajan con todas las de la ley.
Los ilegales y los pequeños emprendimientos que están en la sombra de la informalidad abaratan sus costos y ofertan precios tan bajos que para las otras empresas es imposible competir.
Cuando en 2012 el país experimentaba una tasa de 11% de crecimiento, el efecto de esa competencia desleal era imperceptible. Pero cuando la economía tuvo un soft landing, como dicen las autoridades, y se situó en tasas de entre 5% y 6%, la incomodidad floreció.
Quevedo es de la opinión que más allá de la necesidad de adecuar las políticas de migración laboral, es urgente impulsar una campaña para la promoción de la mano de obra panameña, particularmente orientada a jóvenes de escasos recursos, a través de la formación técnica de rápida inserción laboral.
El fomento del emprendimiento también será vital: este ecosistema ha generado dos de cada tres nuevos empleos creados en la economía en los últimos cinco años.
