Panamá hace ‘lobby ‘ en Bélgica para evitar sanción

Una delegación gubernamental panameña hace lobby en Bruselas, Bélgica, para demostrar el compromiso del país en el combate de la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada (Indnr) y evitar que Panamá sea sancionado.

Cada año, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suma capturas en el mundo por cerca de 26 millones de toneladas de productos del mar, con un valor que llega hasta los 23 mil millones de dólares, de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El atún, el bacalao y el tiburón son las especies más vulnerables con este tipo de prácticas de pesca ilegal, por su alto valor comercial en los mercados internacionales.

“Panamá tendrá que demostrar con acciones ejemplares a la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare) que tiene el firme compromiso en la lucha contra la pesca ilegal, de lo contrario el país puede ser identificado con la tarjeta amarilla”, dijo Flor Torrijos, administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

“Esto sería nefasto para el país, porque Panamá tiene la flota marítima más grande del mundo, con más de 7 mil barcos y 243 embarcaciones con bandera panameña en aguas internacionales con licencia de pesca”, indicó Torrijos.

Según la funcionaria, Panamá no salió bien librada de dos auditorías que realizó la DG Mare en enero y julio, pasado.

En enero de 2019, la DG Mare visitó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, con la finalidad de llevar a cabo una revisión en materia de cumplimiento a su reglamento 1005/2008 y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, explicó Torrijos vía telefónica desde Bruselas, donde se reunió con las autoridades europeas.

“En aquella visita se identificaron una serie de puntos críticos en relación a las medidas adoptadas e implementadas por Panamá para luchar contra la pesca ilegal y también se evidenció que no se cumplía con varias obligaciones propias”, detalló.

Luego de esa visita, se recibió nuevamente a la delegación de la Unión Europea en julio, cuando constataron que persisten los mismos elementos sin mejoras y, a su vez, se identificaron nuevos focos de problemas que no se habían identificado en enero, manifestó la funcionaria.

En este sentido, informó que la misión gubernamental, dirigida por la viceministra de Relaciones Exteriores, Ericka Mouynes, se encuentra en Bruselas, donde se reunieron con representantes de la DG Mare.

El equipo presentó el lunes pasado un informe de las acciones tomadas desde la administración del presidente Laurentino Cortizo, en especial el trabajo coordinado entre la Autoridad Marítima y la ARAP, para combatir la pesca ilegal, no declarada no reglamentada.

En la reunión con las autoridades europeas también se presentó el proyecto de ley 131 que regula la pesca, la acuicultura y las actividades conexas en la República de Panamá, documento que contiene elementos dirigidos a luchar contra la pesca ilegal.

Operar sin la debida autorización, capturar especies protegidas o con alguna restricción, utilizar artes de pesca ilegales y no respetar las cuotas de captura, son algunas de las actividades más habituales de la pesca ilegal.

Sin contar con estadísticas oficiales, se sabe que en América Latina y el Caribe se registra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por embarcaciones de pabellón extranjero, especialmente en zonas con poca vigilancia. La reunión se dio a solicitud de Panamá, con el objetivo de confirmar el compromiso del país contra la pesca ilegal, no declarada no reglamentada.

En el encuentro con las autoridades europeas se explicó que el proyecto de ley 131, en el artículo 32 del capítulo de ordenamiento y aprovechamiento pesquero, se establece que la Autoridad adoptará todas aquellas medidas de conservación, ordenación y fiscalización que sean necesarias para prevenir, combatir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.

Como consecuencia del incumplimiento de los parámetros establecidos por la Unión Europea, Panamá podría ser declarado país no cooperante, con lo cual, ingresaría a una lista negra y con ello se suspenderían las exportaciones de mariscos de Panamá a Europa.