Todo lo demás son discusiones estériles. El tema ya no es ese. Hace tiempo dejó de serlo. Con o sin la llamada hipocresía internacional de ciertos países, advertida por Laurent Leservoisier en Les Paradis Fiscaux (1992), Panamá es un paraíso fiscal.
Por décadas así se ha promocionado. Basta buscar la literatura preparada por los propios panameños. Su legislación, diseñada con dicho propósito, viene desde la Ley 62 de 1938, la resolución 38 de octubre de 1949 y la reforma al Código Fiscal de 1957 y las normas posteriores.
Cuando el término paraíso fiscal devino peyorativo se adoptó el de centro de servicios financieros extraterritoriales (offshore).
Fuera de Panamá, donde realmente se maneja y decide quién es paraíso fiscal, ya se ha pasado a la siguiente etapa que es la evaluación de la implementación de los compromisos internacionales que Panamá ha asumido y que deberá seguir asumiendo.
Estos compromisos no pueden quedarse simplemente en reformas legislativas que se han dado, ni en la firma de tratados. La clave es saber cómo y cuándo se aplican dichas reformas. Esto va a generar consecuencias en un futuro inmediato.
Una vez superada la etapa mediática de adopción de normas por presiones internacionales y atemperadas (con riesgo de volverlas ineficientes) por presiones locales, y la etapa de firmas de tratados, para solo llegar o superar un número mínimo de tratados, llegará la inevitable y difícil etapa del uso de los instrumentos.
Esa etapa no va a ser del gusto de algunos o algunos no saldrán satisfechos.
Si no se brinda eficaz y efectivamente la información requerida por autoridades extranjeras, a pesar de las normas aprobadas, el problema de falta de cooperación perdurará, y se empeorará la percepción de no cooperación.
Si se brinda la información requerida se podrá empezar a superar el problema de las quejas internacionales por falta de cooperación, pero los usuarios finales de los servicios que Panamá ofrece, que hayan tomado su decisión de utilizar Panamá, exclusivamente basados en la confidencialidad y la no cooperación internacional de Panamá, probablemente replantearán su decisión.
Este es el dilema de Panamá. La solución, que no puede evadir el destino final de Panamá, ni de ninguna otra jurisdicción, de realmente cooperar, traerá primero aparentes pérdidas, sobre todo para partes locales que hoy se encuentran muy cómodas y satisfechas con el statu quo insostenible.
Nosotros no dudamos que la cooperación a la larga para Panamá, como país y su población, conllevará beneficios. Uno de los primeros es mejorar una imagen deteriorada en el exterior. Sin embargo, es necesario, además de ser muy pacientes, pensar como estadistas y no con metas individuales, ni a corto plazo.
El autor es expresidente de la Comisión Nacional de Valores.
