Panamá ha dicho que no a las pretensiones de Francia, que ha puesto nuevas condiciones para la firma de un tratado que busca evitar la doble tributación (TDT) y además de ello le ha retirado el mandato a un banco de ese país para la tramitación de financiamiento para el proyecto del Metro.
Francia le está pidiendo al Gobierno panameño que le exija a todas las sociedades anónimas que no tienen sus operaciones en este país que mantengan sus registros contables aquí.
Para el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, esta petición, hecha casi un año después de negociar de buena fe un TDT, es inaceptable y recordó que muchos países, incluyendo a Estados Unidos, no hacen dicha exigencia.
“Todas las empresas francesas que operan en Panamá nos han manifestado su desacuerdo con esta nueva exigencia que aleja la firma del tratado, pues les preocupa estar en desventaja competitiva contra empresas de otros países que ya han firmado y/o ratificado sus convenios con Panamá, como son los casos de España, Italia, Bélgica y Holanda”, señaló el ministro.
Recientemente, informó, el MEF le retiró un mandato que le había otorgado al banco francés Société Générale (sin presencia física en Panamá) para la tramitación de financiamientos de exportación para el proyecto del Metro de dos países europeos, justificando la acción con la incongruencia que representa darle un mandato a una entidad financiera de un país como Francia, que no permite que sus bancos operen en Panamá.
El ministro espera concretar próximamente con Irlanda la firma del tratado número 12, que le permitiría cumplir con el requisito que le exige la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para sacar al país de la lista gris de paraísos fiscales.
A juicio de la Asociación de Abogados Internacionales, esta petición “es contraria a la práctica panameña y de muchas otras jurisdicciones que solo exigen mantener contabilidad localmente para las sociedades que operan dentro de territorio panameño”.
Para el régimen societario panameño este requerimiento sería “altamente contraproducente”, porque según señaló el presidente de ese gremio, Gian Castillero, restaría competitividad y aumentaría los costos, entre otras razones.
“Se nos estaba exigiendo un estándar distinto al que ofrecen muchas de las jurisdicciones competidoras de Panamá en servicios corporativos internacionales (incluyendo Estados Unidos) y además el requerimiento de contabilidad local encarecería el costo de las entidades y por tanto haría que nuestra jurisdicción fuera menos competitiva”, indicó.
