La actividad contable y de auditoría ha evolucionado en la última década, un poco forzada por la pérdida de imagen que les provocó la caída de grandes empresas como Enron, que gracias a la contabilidad creativa y a mercados desregulados pasó en menos de un mes de un valor de 70 mil millones de dólares, a poco más de 100 millones de dólares.
La mayoría de los países han tomado correctivos y en Panamá aún no se concreta la actualización de la ley que rige estas actividades, que hasta hace poco fueron autorreguladas.
El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond -auditor de profesión- aprovechó un reciente reconocimiento que se le hiciera para sugerir que se aproveche la coyuntura actual de reformas al sistema financiero para que finalmente se concrete la modernización de la Ley N° 57 de 1 de septiembre de 1978, que regula estas carreras.
Se hace necesario, dijo, la creación de un ente regulador que vigile y supervise que los contadores y auditores estén produciendo una información de calidad y que estén cumpliendo con las normas y con el código de conducta o de ética.
“Todos los reguladores -de la banca, seguros y valores- dependemos de la fortaleza, de la transparencia, de la confiabilidad, la calidad de esa información financiera para realizar nuestro trabajo”, indicó.
Son los balances y los estados de resultados los que sirven de base a los bancos para aprobar un crédito o a los inversionistas a la hora de decidir a quién confiar sus fondos.
Actualmente es la Junta Técnica de Contabilidad la que supervisa la profesión, pero a juicio de Diamond, habría que darle la fuerza jurídica, la facultad para que haga una tarea de vigilancia mucho más eficaz.
De la manera como este organismo funciona actualmente carece de esos elementos.
