La mayor propuesta de reforma financiera de las últimas décadas en Estados Unidos recibió la semana pasada la aprobación definitiva de la Cámara de Representantes, tras más de un año de debate y negociaciones.
Con 237 votos a favor y 192 en contra, la Cámara Baja estadounidense aprobó así una serie de leyes que permitirán frenar las inversiones y la compra venta de activos de riesgo, al tiempo que establecerá un organismo de control para supervisar las hipotecas y las tarjetas de crédito, y proporcionará al Gobierno estadounidense un mecanismo más eficaz para lidiar con las entidades financieras en problemas.
Al anunciar un acuerdo entre la Cámara y el Senado, el senador Christopher Dodd apuntó que “el pueblo estadounidense nos convocó a fijar reglas claras de funcionamiento destinadas al sector financiero para evitar una repetición del colapso financiero que tanto costó a tanta gente”.
Aun así, la propuesta hace poco por evitar que un banco de importancia sistémica quiebre, y dificulta mucho más a los reguladores a ayudar a uno que trate de evitar la bancarrota. Lo que hace es garantizar que vuelva a ocurrir la calamidad generalizada en todo el sistema que el proyecto debería tratar de evitar.
La mayor parte del riesgo sistémico en Estados Unidos está en manos de las seis mayores empresas propietarias de uno o más bancos (Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley). La iniciativa les hace las cosas fáciles: ninguna será fragmentada y la propuesta de disminuir el riesgo que asumen se diluyó.
Continuarán dependiendo de los mismos reguladores que antes, cuya efectividad a la hora de advertir crisis anteriores resultó insignificante.
Para imponer sanciones serias a los bancos, los reguladores deberán atravesar un prolongado proceso que conlleva una votación de dos tercios del nuevo Consejo de Reguladores, integrado por 10 miembros, que está sujeta a apelación ante la justicia.
Seguirán sin tener que pagar el subsidio en dinero barato que otorga el ser un gran banco, como tampoco las ganancias inesperadas no gravadas provenientes de las garantías y la intervención estatales en el mercado de los últimos dos años.
