La actual administración gubernamental no ha puesto el freno al nombramiento de más funcionarios en el aparato estatal.
Los servicios al público no mejoran, el gasto crece y la ciudadanía mantiene la queja constante de demora en la gestión y trámite en las oficinas estatales.
En las cifras divulgadas hasta abril pasado, la planilla ha mantenido un ritmo de crecimiento de entre 5% y 8% al año, similar a la de las últimas administraciones.
En junio de 2014, cuando finalizó el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, en el sector público laboraban 208 mil 682 funcionarios con un sueldo bruto mensual de $215.3 millones.
Hasta abril pasado, en el sector público trabajaban 224 mil 264 empleados públicos, con un gasto mensual de $291.9 millones.
Comparado con el dato de junio de 2014, representa un incremento de 7.4% o 15 mil 582 funcionarios más, según el informe de la Contraloría General de la República.
En estos 34 meses de gobierno, la variación en el gasto de planilla fue de $76.6 millones o 35.5% más si se compara con el sueldo bruto de la planilla que había en junio de 2014.
En la última estadística el desglose de los funcionarios se divide en 204 mil 583 permanentes y 19 mil 681 eventuales. Con las reformas a la carrera administrativa mediante Ley 23 del 12 de mayo de 2017, el estatus de esos empleados eventuales nombrados a partir del 1 de agosto de 2012, que suman más de 20 mil funcionarios, pasarán a ser permanentes.
A nivel global, en 2014, en el cual se incluyen seis meses del gobierno pasado, el gasto anual de la planilla estatal sumó $2 mil 537 millones, mientras que dos años después, en 2016, este gasto se disparó a $3 mil 139 millones, $602 millones más o un alza de 23.7%.
Ese es justamente el desbalance en el gasto y los sectores donde se abulta la planilla que destaca la economista y gerente de Goethals Consulting, Irene Gimenez.
Compara la planilla de diciembre de 2015 con la del mismo mes de 2016 y señala que la cantidad de empleados tuvo una variación porcentual de 8.3%, creciendo a una tasa anual que ronda el 4%.
“Si bien el aumento en la cantidad de empleados públicos es significativo (8.3% diciembre de 2014 a diciembre de 2016), lo es mucho más el incremento del gasto en sueldos brutos cuya variación porcentual fue de 23.5% (2014/2016)”, recalca Gimenez.
Dice que si se relacionan estos dos datos se aprecia que el sueldo bruto promedio por empleado pasó de mil 082 dólares en 2014 a mil 274 dólares en 2016, teniendo una variación del 17.7%.
Por ejemplo, si estos crecimientos se comparan cuantitativamente con el que viene manteniendo el producto interno bruto (PIB) de 5.5% o el nivel inflacionario (1.5%), y cualitativamente con la calidad de servicios que presta el Estado, “podríamos decir que estamos ante una situación altamente preocupante y desproporcionada”, señala.
El nivel de ingresos del Estado si bien sigue creciendo, lo hace a un ritmo mucho menor que el aumento del gasto total, incluyendo este de planilla.
“Un tema para notar dentro del gasto total es que el gasto corriente, que es justamente la planilla, es mayor al gasto de inversión”, añade Gimenez.
Tampoco se observa una relación de crecimiento en el número de funcionarios con respecto a las necesidades que demanda la población.
El Ministerio de Seguridad creció su planilla en un 12.1% (2015/2016); el Ministerio de Educación, 5.4%; Salud, 21.9% y Obras Públicas, 1.5%. El Ministerio de Ambiente, que trata temas importantes pero no prioritarios, se disparó un 124.6% al pasar de 8 mil 703 en 2014 a 19 mil 544 empleados en 2016.
En otras instituciones como en la Asamblea Nacional, la cantidad de funcionarios aumentó casi un tercio o 422 personas, al crecer de mil 636 en junio de 2014 a 2 mil 068 empleados en abril de este año. En esta institución, el gasto en planilla pasó de $1.8 millones en junio de 2014 a $2.6 millones en abril pasado.
Casos similares se repiten en el Ministerio de la Presidencia, donde también se observa un incremento de 294 funcionarios en este periodo al crecer de 2 mil 127 en junio de 2014 a 2 mil 421 en abril de 2017.
En la Autoridad del Transito y Transporte Terrestre pasó de mil 11 personas a mil 235 funcionarios, es decir, 224 más en esta administración.
En la Caja de Seguro Social ascendió de 25 mil 128 en abril de 2014 a 29 mil 35 en abril de 2017.
A nivel de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que para evitar que la planilla siga creciendo en forma desmedida, “en abril se anunció la decisión de congelar el 50% de las posiciones vacantes del sector público no financiero, lo que permitirá un ahorro gradual en el presupuesto, de manera que podamos contar con ahorros para una mayor capacidad de ejecución de la inversión del Estado”.
Clientelismo
Desde la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) observan que hay un “clientelismo” permanente en el manejo de la planilla.
“Todos los gobiernos desdes 1989 para acá han contratado empleados con fundamento en el clientelismo”, dijo Alfredo Berrocal, presidente de la Fenasep, que agrupa a 21 organizaciones del sector público.
Todo ello ha ocurrido, dijo, independientemente de la Ley de Carrera Administrativa aprobada en 1994 y modificada durante distintas administraciones.
“Siempre se comete el mismo error de introducir el clientelismo, no solo para la contratación, sino también para el tema de los salarios”, añadió Berrocal.
La Ley 23 del 12 de mayo de 2017 establece que la contratación se debe fundamentar con base en el mérito, el concurso y la evaluación del desempeño.
“Hay concentración del gasto en algunas actividades donde los salarios son por encima de los criterios normales para establecerlos con base a lo que señala la ley”, añadió Berrocal.
Como dirigente, Berrocal reconoce que en el Estado se necesita contratar, pero siempre hay un abuso. Por ejemplo, cada año salen del Estado aproximadamente 6 mil funcionarios por jubilación, enfermedad, renuncia o fallecimiento, pero todos esos puestos se llenan con puestos adicionales por clientelismo, dijo.
Igualmente coincide en que hace falta trabajar en la capacitación pero tampoco hay un carácter técnico científico. “Son detalles que hay que mejorar porque es un derecho individual, pero un derecho de todos”, dijo. En este momento la dirigencia de los empleados públicos discute algunos aspectos con el Gobierno, entre ellos, el uso de arbitraje en algunos servicios para evitar la huelga por reclamaciones.
