La licitación para adjudicar el contrato de diseño y construcción de un nuevo centro penitenciario en Colón se encuentra en medio de la disputa entre las empresas que participan en el acto público.
De los tres grupos que se presentaron a la licitación, dos fueron descalificados por la comisión evaluadora, dejando el camino expedito para una eventual adjudicación del contrato al consorcio Centro Penitenciario de Colón, integrado por las constructoras IBT Group y Rodsa.
IBT es la misma empresa que fue contratada durante la pasada administración para construir hospitales, centros de atención primaria de salud y para administrar plantas de asfalto del Ministerio de Obras Públicas.
Algunos de estos contratos fueron renegociados por la actual administración y llegaron a ser objeto de procesos de demanda, cancelación de contratos y arbitraje.
El proyecto del nuevo complejo penitenciario de Colón tiene un precio de referencia de $70.4 millones.
El pasado 18 de septiembre, el Ministerio de Gobierno recibió tres propuestas: el Consorcio Sistema Penitenciario Colón, formado por Inversionistas de Construcción (Iverco) y Zhejiang Southeast Space Frame, que ofertó $76.7 millones; la empresa China State Construction Engineering Corporation, que presentó una propuesta por $77.4 millones; y el Consorcio Centro Penitenciario Colón, formado por IBT Group y Constructora Rodsa, cuya propuesta fue de $77.4 millones.
El pasado 17 de octubre se publicó en el portal PanamaCompra el informe de la comisión evaluadora, fechado el 12 de octubre.
El comité determinó que las propuestas técnicas de Consorcio Sistema Penitenciario Colón ( Zhejiang Southeast e Iverco) y China State Construction Engineering Corporation no cumplieron los requisitos mínimos.
En el primer caso, el consorcio incumplió el requisito del profesional de seguridad física propuesto, que no cumplía con las certificaciones reconocidas internacionalmente, según la comisión evaluadora.
En el caso de China State Construction Engineering Corporation, la comisión advirtió que la propuesta no cumplía con la experiencia, así como con varios perfiles clave, como el director/gerente del proyecto, el ingeniero civil y el especialista en centros penitenciarios, entre otros.
La única propuesta que, a criterio de la comisión evaluadora, cumplió los requisitos mínimos fue la del consorcio formado por IBT y Rodsa, que recibió una puntuación de 97.72 sobre 100.
No obstante, el acto público fue suspendido antes de ser adjudicado, ya que la Dirección General de Contrataciones Públicas admitió la acción de reclamo el pasado 18 de octubre presentada por Zhejiang Southeast Space e Iverco.
Las empresas aseguran que fueron injustamente descalificadas y que la comisión evaluadora sí consideró la propuesta del consorcio IBT-Rodsa, a pesar de que no cumplía, a su juicio, los requisitos mínimos.
Señalan, entre otras razones, que algunos de los proyectos aportados por IBT no estaban acompañados de la constancia pertinente.
También advierten que la propuesta de IBT y Rodsa carece de una fianza solidaria, que sería obligatoria por haber presentado para esta licitación experiencias aportadas por sucursales fuera de Panamá.
“La única forma que puedan ser valoradas como válidas es que la casa matriz, domiciliada en Florida, hubiese firmado la fianza solidaria o si la sucursal de Perú formara parte del consorcio, razón por la cual no entendemos cómo la comisión evaluadora reconozca como válido este requisito de obligatorio cumplimiento”, destaca el consorcio en su acción de reclamo.
En un sentido similar presentó una reclamación la tercera empresa que aspira al contrato, China State Construction Engineering Corporation, que solicita que se anule el informe de la comisión y se ordene una nueva evaluación.
La resolución de este acto público dependerá de la decisión que tome la Dirección de Contrataciones Públicas respecto a estas dos reclamaciones.
Si finalmente IBT Group se adjudica el contrato, será el segundo que obtiene con la actual administración del Ministerio de Gobierno.
En marzo de este año, IBT Group se hizo con el proyecto para la construcción del nuevo centro femenino de rehabilitación en el corregimiento de Pacora, por $27.6 millones.
