El primer ministro portugués, António Costa, está empezando a asustar a algunos inversores. Tras casi un año en la presidencia, Costa ha tenido éxito al retirar algunas medidas de austeridad sin alienar a los socios y acreedores de Portugal en la zona euro.
Ahora su gobierno socialista se dispone a recaudar impuestos indirectos y gravámenes en la propiedad en sus presupuestos de 2017, para poder pagar pensiones más altas y los sueldos de los funcionarios, por lo que algunos dirigentes empresariales opinan que podría estar yendo demasiado lejos.
“Devolver dinero a los funcionarios mediante un impuesto sobre bienes inmuebles es el tipo de medida que va a ahuyentar inmediatamente a los inversores”, ha declarado Peter Villax, director de la Asociación de Empresas Familiares Portuguesas de Lisboa, que tiene en torno a 300 miembros.
“Necesitamos medidas que estimulen el crecimiento, no políticas a medio cocinar que dan votos a costa de la confianza de los inversores, muy necesaria para Portugal”.
Los socialistas perdieron las elecciones celebradas hace un año, pero consiguieron formar un gobierno en minoría con el apoyo parlamentario de los comunistas y el Bloque de Izquierda, un arreglo político sin precedentes en los 40 años de democracia portuguesa.
La habilidad de Costa para cumplir con los compromisos fiscales de la Unión Europea y satisfacer las demandas de los partidos más radicales ha permitido al exalcalde de Lisboa, de 55 años, consolidar su posición como primer ministro.
“Tiene que haber más justicia en la distribución del peso de los impuestos”, declaró Costa el 22 de septiembre. “Hay otras fuentes de financiación, otro tipo de impuestos que deben ganar peso de forma que podamos reducir los que se aplican sobre los salarios”.
Este año, el gobierno ha revertido los cortes en los sueldos públicos más rápido de lo que la anterior administración había propuesto, mientras que ha aumentado otros impuestos indirectos, por ejemplo, sobre el combustible y el tabaco.
En 2017, Costa planea eliminar un recargo de impuesto sobre la renta que se impuso como parte del programa de rescate de tres años que terminó en 2014.
El gobierno de Costa ha estado en conversaciones con los partidos que lo apoyan en el Parlamento acerca de los presupuestos de 2017.
Una forma de compensar la subida de las pensiones prevista podría ser un impuesto sobre bienes inmuebles con un valor combinado de más de 500 mil euros ($552 mil), declaró Mariana Mortagua, miembro del Bloque de Izquierda, que apoya a los socialistas.
El abogado Tiago Caiado Guerreiro dijo que el nuevo impuesto sobre propiedades inmobiliarias podría tener un impacto sobre los inversores chinos y de otras nacionalidades no europeas que hayan comprado viviendas en Portugal.
