Por tercer año consecutivo, Panamá se ubicó como el cuarto país con mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe.
Así quedó establecido en el Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por sus siglas en inglés), que publica anualmente el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.
En su sexta edición, que evaluó las regulaciones y legislaciones de 146 naciones, Panamá quedó en la posición 30 en el mundo, y mejoró 5 lugares frente al índice de 2016 (25) y 7 al de 2015 (23).
Entre 2015 y 2017, Panamá mejoró 7 posiciones. Empero, en la primera de ellas se evaluó a 152 países y en la de este año a 146, lo que indica que dicha mejora es relativa, de acuerdo con el AML.
El Instituto mide la vulnerabilidad de un país de acuerdo a 14 indicadores, enmarcados en 5 grupos: Riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (65%); Riesgo por corrupción (10%); Transparencia financiera y estándares (15%); Transparencia pública y rendición de cuentas (5%); y Riesgo político (5%).
La entidad advierte en el informe que su índice “no mide la existencia real de la actividad de lavado de dinero o la cantidad de financiamiento con dinero ilícito” en un país, y subraya que “está hecho para indicar el nivel del riesgo y las vulnerabilidades” que permiten estas actividades.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó en un comunicado que Panamá mejoró cinco posiciones en comparación con el año pasado, y que “se han realizado cambios importantes en la responsabilidad de entidades no financieras y mecanismos de intercambio de información financiera y de impuestos. Estos cambios datan de menos de un año y lamentablemente no se ven reflejados en este ranking”.
REGULACIONES PANAMEÑAS
Los resultados del Índice de 2017 evalúan las acciones y las regulaciones para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo promovidas por las autoridades durante el año previo del análisis.
En 2015, Panamá aprobó la Ley 23 del 27 de abril, con la que adoptó medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones. Tres meses después fue reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 363.
En febrero de 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá de su lista gris de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales, teniendo en cuenta la adecuación de las normas realizadas por el país con los requerimientos internacionales en esta materia.
En mayo de este año, un equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitó el país para revisar los avances en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El brazo de Latinoamérica de este organismo -Gafilat- hizo una evaluación in situ en Panamá en mayo de este año, para revisar los avances en la implementación y efectividad de las medidas aprobadas por el istmo para combatir el lavado de activos. El informe final será presentado en diciembre, durante la plenaria de Gafilat.
Hace dos meses, Panamá fue excluido de otra lista: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) excluyó en junio a Panamá de una de las “listas negras” del Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, el cual examina el cumplimiento en los anteriores 15 meses del criterio sobre intercambio de información, el Exchange of Information on Request (EOIR).
