Un juez chileno dictó el sábado pasado prisión preventiva contra dos ejecutivos y dueños de la empresa Penta y otros cuatro acusados de fraude tributario, sobornos y financiamiento ilegal en uno de los mayores casos de corrupción de Chile.
El caso tiene además una faceta política: los fundadores de la empresa financiaron la campaña electoral de los aspirantes a diputados y senadores de los dos partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
Los fiscales argumentaron que los empresarios entregaron el dinero a los políticos, varios de ellos electos en los comicios de 2013.
Además, se falsearon pérdidas, rebajaron y evadieron impuestos utilizando diversos mecanismos.
Penta tiene intereses en los ramos de seguros, finanzas, aseguradoras de salud privada, educación y proyectos inmobiliarios. También vendió una controladora privada de fondos de pensiones.
El magistrado Juan Manuel Escobar ordenó la medida cautelar contra seis de los 10 acusados, tras considerar que varios de ellos representan un peligro para la sociedad, y arresto domiciliario o arraigo nacional y firma para los otros cuatro.
Serán encarcelados de forma preventiva Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fundadores y ejecutivos de la empresa Penta; así como Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería; Hugo Bravo, ex gerente general de Penta; Iván Álvarez exfuncionario del servicio de impuestos internos; y Marcos Castro, gerente de contabilidad de Penta.
