El aumento de la expectativa de vida de la población, sumado a la mala administración de la Caja de Seguro Social (CSS) y el inminente agotamiento de las reservas del sistema definido o solidario de pensiones urge de una solución para evitar que miles de panameños se queden sin sus pensiones para 2025.
Actuarios, economistas y empresarios analizaron en el foro Agenda País 2019-2024, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, las alternativas para capitalizar el sistema actual de las pensiones y garantizar una cobertura a la población.
Felipe Chapman, socio director de Indesa, señaló que una de las salidas es crear un ente público que exclusivamente administre las pensiones.
“Me inclino por la creación de un instituto de invalidez, vejez y muerte (IVM) que se encargue solo de las pensiones y al cual se le dé autonomía propia, y que lo gestione un organismo público al que se le pongan reglas claras de gobierno corporativo para hacerlo transparente”, detalló.
El economista sostuvo que el sistema de reparto de pensiones de beneficio definido aún se puede salvar y seguir aplicándose, pero con el compromiso de hacer una revisión periódica de su funcionamiento y estructura.
Dino Mon
Actuario y consultor.
“Cada dos o tres años se deben revisar todos los parámetros que lo integran, la cantidad que se aporta, los fondos que la componen y su administración”, acotó Chapman, con la finalidad de tomar medidas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
En este momento, ante la crisis del subsistema definido del IVM, el Estado no tendría otra opción que inyectarle dinero al programa. Los cálculos indican que se trataría de una suma cercana a los $500 millones anuales. Esto incluso plantea la posibilidad de aumentar impuestos, recortar inversiones y reducir subsidios.
El vicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos, Felipe Argote, propone revisar la edad de jubilación, pero Chapman advierte que mientras haya un alto índice de desempleo juvenil, aumentar este rango puede cerrarle oportunidad a las nuevas generaciones para conseguir puestos de trabajo.
Argote plantea que para alimentar el fondo de pensiones solidario se deberían tomar recursos del sistema mixto, por la vía de un préstamo a una tasa competitiva de mercado, lo que le dará un margen al Estado para financiar en menor medida el déficit del sistema.
Agregó que también se debe buscar que las personas que hoy están en la economía informal, que representan más de 41% de población económicamente activa, puedan aportar voluntariamente al programa de pensiones de forma expedita.
“Si no tomamos un mecanismo de incentivo, pero también coercitivo, nos encontraremos con una gran cantidad de gente que simplemente decide no aportar al sistema; pero cuando lleguen a la edad de pensión van a exigirle ayuda del Estado”, alertó.
Dino Mon, actuario y gerente general de Mapfre Panamá, aclaró que la solución no es privatizar el sistema, sino cambiar la cultura administrativa de la CSS que elimine el clientelismo y se transforme en una institución eficiente que rinda cuentas.
“Tenemos que ver cómo la entidad pasa del desgreño en el que está a una institución transparente que otorgue a los panameños esa calidad de vida que necesitan”.
José Manuel Pérez, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, recomendó realizar una campaña educativa para concienciar a la población sobre la necesidad de revisar el sistema para lograr una solución concertada.
