La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura planteó al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de un régimen general de arbitraje tributario en Panamá, por medio del cual la Dirección General de Ingresos (DGI) y los contribuyentes “puedan someter en cualquier momento a arbitraje las controversias surgidas”.
La propuesta consta en una carta firmada por el presidente de la Cámara de Comercio, Inocencio Galindo de Obarrio, y remitida al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
El gremio envió también una propuesta de proyecto de ley que contempla la creación de esta figura, ya existente en países de Europa como Francia, Suecia o Suiza, y del continente americano como Estados Unidos y México.
Uno de los objetivos de la creación de un centro de arbitraje sería reducir el tiempo para resolver los conflictos entre el contribuyente y el fisco.
Camilo Valdés, abogado y asesor de la junta directiva de la Cámara de Comercio, señaló a este diario que agotar la vía gubernativa en materia tributaria toma un promedio de tres años.
En la actualidad, el proceso se inicia en la Dirección General de Ingresos (DGI), y hay una segunda instancia, que es el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).
Si el contribuyente lleva el caso posteriormente a la Sala Tercera de la Corte de Justicia, el caso se demora en promedio otros dos años.
Para Valdés, “una pequeña o mediana empresa no puede contratar abogados y contadores para mantener un pleito con la DGI durante tres años y eso puede llevar a la quiebra a una empresa. Las compañías que pueden mantener un pleito durante tanto tiempo son muy pocas”. Además, a su juicio, la burocracia y la demora en los procesos es caldo de cultivo para que se den conductas incorrectas.
La propia DGI ha reconocido que acumula retrasos en la resolución de recursos de reconsideración presentados por las empresas para que no se les aplique el cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Mientras, las compañías viven con la incertidumbre de no saber cuál será la cuenta a pagar en impuesto sobre la renta.
Luego de un proceso de reorganización, los casos están siendo atendidos de una manera más eficiente en la DGI, reconocen empresarios y especialistas tributarios, aunque todavía hay retraso acumulado.
La propuesta del gremio empresarial contempla que el término para resolver los conflictos por parte del centro de arbitraje no sea superior a seis meses.
Para cada caso se crearía un tribunal integrado por tres miembros, uno propuesto por cada una de las partes y otro designado por los dos primeros.
“El arbitraje es una herramienta efectiva y se le quitaría monopolio a la DGI, que está totalmente colapsada”, dijo Valdés.
La iniciativa no contaría con el respaldo del Ejecutivo. Consultado al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que “las diferencias entre los contribuyentes y la DGI son resueltas por el TAT”. Por lo tanto, a su juicio, “no hace sentido tener dos entes haciendo el mismo trabajo”.
La dificultad para cumplir las obligaciones tributarias es uno de los factores que ha lastrado la competitividad de Panamá en los últimos años.
Desde 2015, el país ha perdido 27 posiciones y de ser la economía con mayor facilidad para hacer negocios de Centroamérica, ha pasado a ser la tercera, por detrás de Costa Rica y El Salvador.
De los 10 criterios que analiza el Banco Mundial para el Doing Business, la peor puntuación para Panamá es en “pago de impuestos”. El país ocupa la posición 180 de los 190 países estudiados en el reporte.
