Los jubilados y pensionados tienen derecho a descuentos en un sinnúmero de bienes y servicios. Se supone que en la tercera y cuarta edad los ingresos se han reducido, y la previa contribución al país por parte de este segmento de la población merece una retribución.
Sin embargo, el cumplimiento de la Ley 6 de 16 de junio de 1987, que otorga las tarifas especiales, es incumplida constantemente.
Reportes oficiales arrojan que entre enero y mayo de este año se ha multado a varios comercios por un valor de $13 mil 755. O no cumplen con el descuento o no tienen el rótulo donde se informa del beneficio, entre otras anomalías.
Generalmente los reclamos de los jubilados se hacen de forma individual, pero recientemente un grupo de afectados denunció ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) que en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, había agentes económicos que no estaban cumpliendo con la ley.
Esto motivó a que inspectores de la Acodeco verificaran 18 negocios, entre los que se encontraban transportes marítimos, hoteles y otros establecimientos que contribuyen al impulso del turismo en esta región del país.
El operativo arrojó que tres agentes económicos, que hacen traslados en lanchas, carecían del aviso con los descuentos, e igual cantidad (un hotel y dos transportes marítimos) no presentaban los precios a la vista, contraviniendo por su parte la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que dicta reglas en materia de protección al consumidor y defensa de la competencia.
La ley 6 de 1987 establece que en materia de transporte en lanchas, la población beneficiaria goza de un descuento del 30%, mientras que en hoteles, moteles y pensiones la reducción es del 50%, de lunes a jueves, y del 30%, de viernes a domingos.
Ovidio Santos, administrador encargado de la Acodeco en Bocas del Toro, informó ayer que el operativo se realizó el pasado jueves 8 de junio ante las denuncias que hiciera un grupo de jubilados.
Los quejosos detectaron otras dificultades como carencia de señalización para llegar a la provincia, inadecuadas infraestructuras en los muelles de abordaje, así como problemas de basura en algunos sitios turísticos.
Las denuncias no solo abarcaron a Bocas, sino a las provincias centrales y Chiriquí.
Pedro Acosta, presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), comentó ayer que lamentablemente algunos agentes económicos no cumplen con esta ley, a pesar de ser “justa”. La reducción de la tarifa no atenta contra los costos operativos de un negocio, porque al final del día ayuda a generar más venta.
Acosta dijo que las denuncias oficiales no son reales, ya que hay muchos consumidores que no exigen el descuento que por ley se les debe otorgar.
El activista opina que ante las reincidencias de negocios que violan esta norma, lo sensato sería una revisión para afinar detalles y así evitar ambigüedades.
La posición de Acosta surge a raíz de que algunos negocios aluden que también los jubilados abusan del beneficio que les otorga la ley, exigiendo rebajas para un consumo generalizado, donde por ejemplo piden descuentos hasta por tres y más platos en un restaurante.
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