El comité de expertos independientes que evaluó las prácticas del centro de servicios financieros panameño, según información oficial, estaba “encaminado a que el país lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global”.
Con ese altísimo objetivo presente (liderar al mundo) revisamos las 33 recomendaciones generadas por el comité, como quedó luego de la renuncia de dos de sus miembros internacionales más prominentes.
Consideramos que de las 33 recomendaciones, 30 reflejan lo que a Panamá, distintas evaluaciones, en su gran mayoría internacionales, le han venido recomendado reiteradamente al menos en los últimos 20 años. Tres recomendaciones se destacan como las que plantean temas novedosos.
Fundamentamos nuestra aseveración en el cotejo detenido de lo recomendado ahora contra las recomendaciones ya contenidas las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional de 2006 y 2012 y del Grupo de Acción Financiera de 1999, los reportes de observancia de estándares y códigos del Banco Mundial de 2004 y de 2009, entre otras.
En dichos documentos públicos se pueden observar las recomendaciones puntuales, dirigidas a los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1999, con la indicación de qué hacer y cómo hacerlo. Muchas de las recomendaciones anteriores no fueron atendidas completa y/o adecuadamente en su momento. Queda por esperar que en esta ocasión tengan mayor receptividad. Solo el tiempo lo dirá.
Las tres recomendaciones que presentan, a nuestro juicio, temas novedosos son:
Punto 5. Acceso a la información, en los literales a. Agentes proveedores de información y g. Desarrollar una plataforma tecnológica de alta seguridad para almacenar la información.
Y el punto 8: Erosión de base imponible y traslado de beneficios (BEPS) en el literal b. Estudiar la conveniencia o no de eliminar la posibilidad de hacer asientos contables de transacciones ‘offshore’ como lo permite la normativa fiscal aplicable a zonas francas y la ley de valores.
Son novedosas en Panamá por abordar —por panameños— el problema del rol del agente residente en las sociedades anónimas; por tratar el tema de la necesidad de preocuparse de la ciberseguridad en la plataforma tecnológica en la cual se deberá guardar la información que se comienza a solicitar y, por al menos mencionar, para iniciar un debate, el rol de los meros asientos contables de transacciones offshore.
Echamos de menos en las recomendaciones el importante aspecto del castigo por violaciones normativas, deontológicas y éticas.
Las recomendaciones van más por la línea de la competitividad de lo existente y del futuro y no parecen detenerse en la importancia que tiene la certeza del castigo ejemplar de los abusos del presente y del pasado. Este es un enfoque necesario —de justicia—, y en el cual Panamá está en mora.
*El autor es abogado