La estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), columna vertebral del sistema eléctrico del país, sería aislada de la injerencia de políticos. Al menos esto es lo que esperan en la entidad con las reformas propuestas en el proyecto de ley 573 que está en la Asamblea Nacional, afirmó su gerente, Gilberto Ferrari.
El funcionario sale en defensa de las reformas en medio de los cuestionamientos de la ciudadanía y distintos sectores del país por el incremento de la tarifa de energía eléctrica y la posible repercusión en el precio de los productos y servicios.
El 45% de este incremento en la tarifa, que solo verán los clientes que consumen más de 300 kilovatios hora al mes, corresponde a transmisión.
Obedece en parte al retraso de cuatro años en la construcción de la tercera línea de transmisión y los costos adicionales que ahora se transfieren a la tarifa de los clientes debido a una orden del Ejecutivo del pasado gobierno, que se impuso a la administración de Etesa para no desarrollar el proyecto en 2009, tal como lo establecía el plan de expansión.
Una de las reformas propone fortalecer la directiva de Etesa para que el período de los miembros de la junta directiva sea por 10 años, en lugar de 5 años, con el propósito de dar continuidad a los proyectos de la empresa que tiene una planificación a 15 años.
El proyecto de ley 573, que modifica la Ley 6 de 1997 y otras, lo llevó a la Asamblea Nacional, hace ocho meses (10 de octubre de 2017), el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, pero el documento aún no se ha discutido en primer debate y se mantiene en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que presidía el diputado Nelson Jackson y cuyo nuevo presidente se debería definir el día de hoy.
Más directivos
Otro de los cambios recomienda incorporar dos directores adicionales a los cinco actuales de la junta directiva. De aprobarse esta legislación, estos dos nuevos directores los propondría el Comité Operativo del Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá. Se nombrarían de forma escalonada, para que ninguna administración gubernamental pueda designar a todos los directores.
Cada período presidencial escogería a tres directores, replicando el formato de la Autoridad del Canal de Panamá.
Además, la reforma propone otorgar a los directores la potestad de escoger entre ellos a los dignatarios (presidente, secretario, entre otros).
Actualmente, la directiva de Etesa la integran cinco miembros, cuyo presidente es el ministro de Economía y Finanzas; además del secretario de Energía, Víctor Urrutia; Luis Fernando Aramburú; y los directores Michell Núñez Olivares y Boris Ortiz.
Contratación
Una de las reformas está enfocada en restituir la forma de contratar servicios, intentado reducir la burocracia y trabajar bajo un régimen especial que se rija por principios de eficiencia y agilice los proyectos y el mantenimiento de la red.
El período de consulta de las reformas ya culminó, pero no se ha llevado el proyecto a discusión. “Ya nosotros les dijimos a los diputados que si el problema era incluir muchos temas en el proyecto, que se separe solo lo de Etesa”, dijo Ferrari.
El documento original incluía 38 artículos que, además de los cambios relacionados con Etesa, también proponía reformas a regulaciones del mercado eléctrico, pero algunos se fueron eliminando durante el período de consulta.
Estos cambios llevarían a Etesa a una gestión similar a la de una empresa privada, como originalmente se diseñó, argumenta Ferrari. Lo que no se puede ser es un “nini”, añade, para señalar que ni son empresa privada ni son empresa pública.
Se necesita que Etesa funcione con agilidad para estar a la par de los otros dos componentes del mercado eléctrico, que son la generación y distribución, los cuales funcionan como empresa privada pese a que en el caso de distribución, el Estado es dueño del 49%, reflexiona Ferrari.
Etesa atraviesa un proceso difícil. Necesita fortalecer su estructura financiera para hacerle frente a compromisos ya adquiridos, como la tercera línea y nuevos proyectos, como la cuarta línea, actualmente en proceso de licitación. Ambos proyectos totalizan más de $800 millones.
