El Gobierno planea reformar la ley que define el uso que se le debe dar al Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) a fin de que sirva para financiar obras de infraestructura.
El 90% de este fondo, que asciende a unos 2 mil millones de dólares, está invertido en deuda de la República y lo que se busca es poner estos documentos en mano de los inversionistas y que con estos activos se financien obras de “sectores estrella” de la economía, como el turismo, puertos y energía.
“Lo que se quiere es que éste sea realmente un fondo para el desarrollo del país y este objetivo no se logra si sigue invertido en deuda soberana”, explicó el viceministro de Finanzas, Dulcidio de la Guardia.
En el sector energético, mencionó de la Guardia, hay una gran cantidad de proyectos de generación esperando financiamiento, que de concretarse tendrían un efecto positivo en la tarifa eléctrica. “Es en esa dirección en la que iría la reforma”.
Los cambios no serán inmediatos porque se están haciendo los análisis correspondientes.
El analista de Standard & Poor’s Roberto Sifón Arevalo considera que la reestructuración de la ley en sí no es tan importante. “Lo que nosotros tomamos en cuenta es si esos recursos se ponen a trabajar de forma productiva, si generan más ingresos para el Estado y si aportan fuerza al crecimiento de la economía”.
Por su parte, el ex ministro de Economía Fernando Aramburú Porras recomienda evaluar la idea en toda su dimensión y su impacto en las finanzas públicas y la economía.
“Si el Gobierno modifica la ley para gastar ese dinero en obras de infraestructura y del Gobierno eso afectaría el déficit fiscal igual que si se hubiera financiado con más deuda, ya que el límite de déficit del 2.5% del producto interno bruto establecido es independiente de la fuente de financiamiento”, explicó.
De esta manera la deuda neta del Gobierno aumentaría.
Pero, por otro lado, si este fondo se utiliza para financiar proyectos de infraestructura del sector privado o empresas mixtas mediante préstamos, entonces se estaría frente a un cambio de activos financieros de bonos del Estado a pagarés de estas empresas, dijo Aramburú Porras.
“Obviamente el nivel de riesgo podría aumentar dependiendo a quién se le preste”, advirtió.
