Las modificaciones a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, sancionadas y publicadas ayer en Gaceta Oficial, eliminan la licitación abreviada, establecen multas a los servidores públicos que cometan infracciones cuando incurran en alguna irregularidad, entre otros.
Los cambios son algunos de los que planeó la sociedad civil, sin embargo, aún quedan pendientes aspectos relacionados con los procedimientos en las compras de bienes y servicios que realiza el Estado para evitar actos de corrupción.
Una de las modificaciones trata de controlar la división de materia, práctica que se ha utilizado para hacer compras millonarias pero que se dividían en varias partes para quedar dentro de los montos de contratación permitidos por la ley.
En este punto, indica que “en caso de que exista división de materia, la adjudicación será nula y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes”.
La reunión de homologación de una licitación será pública y se celebrará preferentemente en una sola jornada, que deberá concluir con un acta en las que las partes homologan los documentos finales.
Cuando se haga una modificación al pliego de condiciones de una licitación deberá hacerse del conocimiento público a través del sistema electrónico de contrataciones públicas, dependiendo del monto.
Se elimina la licitación abreviada y se establecen la contratación menor, licitación pública, licitación por mejor valor, licitación por mejor valor con evaluación separada, licitación para convenio marco, licitación de subasta o reserva y subasta de bienes públicos.
Se exige que las personas jurídicas que participen en proceso de selección de contratista cuya cuantía del acto de forma individual o agregada exceda la suma de 500 mil dólares presentarán ante la Dirección General de Ingresos una declaración jurada de agente residente o presidente o quien delegue la junta directiva en la que se debe certificar el nombre de cada persona natural que sea directa o indirectamente beneficiario final.
Tras la sanción de las reformas, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que señaló que “la nueva ley forma parte del compromiso del presidente Varela con la transparencia y la eficiencia con la que se deben administrar los recursos”.
Consultado sobre las modificaciones, Carlos Gasnell, expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, reconoció que se modificó una cantidad de artículos, pero recalcó que “para contar con una mejor legislación sobre contratación pública, no se trata de cantidad de artículos modificados”.
“Se trata más bien de un cambio de modelo de contratación, si lo que se quería era evitar los abusos que permitió la Ley 22 y sus modificaciones (nueve o más) y reducir los riesgos de corrupción que permite el actual modelo”, añadió.
