La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) esperaría que a inicios del próximo año esté disponible la totalidad de los depósitos de la Banca Privada D´Andorra, BPA (Panamá), para sellar el proceso de liquidación iniciado hace aproximadamente un año.
Este diario pudo conocer que el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, y la reguladora del Mercado de Valores, Marelissa Quintero, viajaron hace dos semanas a Andorra para conocer la viabilidad de transferir los $60 millones que la filial del BPA en Panamá tenía depositados en su casa matriz.
El liquidador de la BPA Panamá, Rafael Moscarella, es el que gestionará el pago de depósitos a los clientes del banco, todos extranjeros. La disponibilidad de estos depósitos se truncó a raíz del complejo escenario de la BPA.
Según investigaciones judiciales, el banco andorrano era utilizado por la empresa brasileña Odebrecht para canalizar el pago de sobornos y coimas a políticos y empresarios, a través de testaferros que se presentaban al banco con contratos de servicios ficticios y se hacían pasar por beneficiarios únicos de las cuentas que abrían.
BPA fue señalada en 2015 por la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen) como una institución de “preocupación” en materia de blanqueo de capitales.
Los señalamientos vinculaban a la sede en la capital andorrana con personas que manejaban fondos relacionados a actividades ilícitas, incluyendo transacciones para organizaciones criminales en Rusia, China y otras, relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de “comisiones”.
Fueron estos hechos los que consideró la SBP para determinar, en marzo de 2015, la intervención de las operaciones en Panamá.
“Es de anotar que no se ha hecho señalamiento ni se tienen evidencias de que la subsidiaria BPA (Panamá) esté comprometida en estos actos ilícitos”, advirtió en ese momento el regulador. Sin embargo, observaban un riesgo en la reputación del grupo bancario y la potencial imposibilidad de tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes.
Luego de tomar el control, se ordenó un proceso de liquidación en Panamá, que estuvo precedido por un intento de venta de las operaciones del banco y su casa de valores local, aunque esto nunca cuajó.
Según fuentes vinculadas al proceso, la SBP ordenó tres auditorías y supuestamente en ninguna se encontró vinculación de la operación de Panamá con operaciones de blanqueo de capitales.
“Este proceso pasó por tres escrutinios de auditoría en Panamá. Tres filtros para saber si había algún tipo de problemas con clientes que tendrían algún tipo de vínculo con blanqueo, pero en tres revisiones, no ha salido nada. Entonces, como no se encontró nada, se continúa con el pago”, dijo la fuente.
Odebrecht utilizaba a Andorra para el manejo de millonarios sobornos internacionales, a través de un entramado de empresas offshore, muchas creadas en Panamá por la BPA, cuya filial obtuvo su licencia de operaciones en 2011, cuando Ricardo Martinelli era presidente.
Una de estas empresas era BPA Serveis, fundación del banco andorrano, constituida en jurisdicción panameña. Una empresa con ese nombre ha sido mencionada por algunos delatores en el marco de la trama de corrupción de Odebrecht con figuras locales.
