Hace cuatro meses se detectó un nuevo brote de tuberculosis bovina en Panamá, pero los países miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) no tienen a mano la información detallada y oportuna del brote.
La falta de esta notificación ante la OIE pone en riesgo la reputación sanitaria de Panamá, básica para la comercialización de carne en el ámbito nacional y para la exportación.
En Antón, provincia de Coclé, se detectó desde diciembre de 2016 el brote de tuberculosis bovina en 63 reses de la Hacienda La Montana y hasta la fecha el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) no ha presentado un informe oficial, cuya alerta debería ser de dominio público al salir en la página web del organismo.
El Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE establece en su capítulo I que los países miembros deberán declarar la detección del agente etiológico de una enfermedad de la lista de la OIE en un animal, incluso en ausencia de signos clínicos, dentro de un plazo de 24 horas.
La notificación se deberá enviar a través del sistema mundial de información zoosanitaria, por fax o correo electrónico.
La norma también indica que los países miembros deben proporcionar información sobre las medidas adoptadas para prevenir la propagación de enfermedades, infecciones e infestaciones.
“La información incluirá las medidas de cuarentena y restricciones aplicadas a la movilización de animales, a la circulación de productos de origen animal, productos biológicos y objetos que, por su índole, pudieran ser responsables de la transmisión de enfermedades, infecciones e infestaciones. En el caso de enfermedades transmitidas por vectores, se indicarán también las medidas adoptadas para controlarlos”.
Conforme al código sanitario internacional, la tuberculosis bovina es una afección de notificación obligatoria, al tratarse de una enfermedad infecto transmisible crónica que afecta a los animales y al hombre. Se contagia a través del contacto con las secreciones de animales enfermos y por el consumo de leche sin pasteurizar o carne cruda.
Se calcula que en ciertos países hasta un 10% de los casos de tuberculosis humana son debidos a la tuberculosis bovina, destaca la OIE.
Pese a estos riesgos, Eduardo Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario, ayer confirmó que después de cuatro meses de haberse enterado del incidente en la hacienda ganadera, está a la espera de que se tengan los últimos informes para notificar a la OIE. “Ya se procedió con el sacrificio de las reses. Es un protocolo que se debe seguir interno”.
Según el funcionario, “la OIE está anuente de lo que se está haciendo. Falta cerrar el tema de protocolo y decirlo formalmente”.
“La OIE, en términos prácticos, está enterada”, dijo Carles, ignorando que la norma internacional advierte que la notificación pública se debe hacer en un plazo de 24 horas y el sacrificio del ganado a más tardar en 15 días, periodo que en el caso panameño se extendió a cuatro meses.
Carles justifica su tardanza al decir que “los animales fueron reactores a la prueba de tuberculina. Esto quiere decir que reaccionaron a la vacuna, pero en estos momentos no se ha determinado que están enfermos. La única forma de garantizar que los animales están enfermos es aislando la bacteria de los ganglios de los animales”.
“Una vez que tengamos estos resultados, en caso de que haya presencia de la bacteria se procede a notificar a la OIE”.
“Independientemente de que no se haya comprobado la enfermedad, el país está en la obligación de informar y proceder al sacrificio de los animales en un plazo no mayor de 15 días. Una vez se tienen los resultados de los análisis de los ganglios se debe enviar otro informe a la OIE”, manifestó Guillermo Salazar, exministro de Desarrollo Agropecuario.
La no notificación a la OIE “representa un riesgo para la credibilidad sanitaria del país”, mencionó Salazar. Como país miembro, Panamá debió notificar al organismo de la dificultad detectada con animales positivos a tuberculina, aseguró el exfuncionario, quien estuvo a cargo del MIDA en 2008, cuando se reportó un brote de tuberculosis bovina en la provincia de Bocas del Toro.
“En aquella ocasión se sacrificaron los animales y se estableció en la norma sanitaria que rige en el país que las fincas en donde se detectó la enfermedad quedaban inhabilitadas para la cría de animales por un año”.
Miembros del sector ganadero advierten que la falta de transparencia en temas sanitarios atenta contra la industria cárnica del país y la salud de la población.
“La falta de transparencia afecta las exportaciones de carne de res, pollo y cerdo, porque el sistema de vigilancia sanitario del país pierde credibilidad”, dijo un ganadero que prefirió la reserva de su nombre.
Panamá tiene más de 20 años intentando exportar carne de res al mercado estadounidense y esto atrasa todo, comentó el empresario.
Según las autoridades agropecuarias, el hato ganadero de la finca Hacienda La Montana se importó “de Costa Rica y entraron al istmo cumpliendo con las disposiciones sanitarias de las autoridades de ambos países”.
Carles asegura que han hecho un cerco sanitario. “Lo que estamos haciendo ahora es que las mediciones en vez de ser trimestrales y semestrales como antes, es hacerlas mensualmente en esta finca y alrededor de la misma. Hacerlo a través de Minsa, dirección cuarentenaria nuestra y de la dirección de salud animal”, dijo Carles.
(Con información de Luis Germán Bellini)
