Tres regímenes especiales que ofrece Panamá a empresas como parte de su estrategia de atracción de inversión extranjera están siendo revisados luego de una evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que los consideró potencialmente perniciosos.
El organismo internacional ha emprendido una nueva acción con el objetivo de combatir prácticas tributarias dañinas. Se conoce por las siglas BEPS (en inglés, erosión de la base imponible y traslado de beneficios).
En la práctica, se intenta evitar que las empresas multinacionales trasladen los beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación donde no desarrollan la actividad sustancial.
Como parte de esta iniciativa, en la que están involucrados más de 100 países, entre ellos Panamá, se monitorea la implementación de ciertos estándares.
Desde 2015, el denominado Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas ha revisado 164 regímenes especiales en todo el mundo. Entre ellos hay cinco panameños.
El régimen marítimo de Panamá fue calificado como no pernicioso, mientras que la Zona Libre de Colón quedó fuera del alcance del foro.
No obstante, sí se catalogaron como perniciosos los regímenes de Panamá Pacífico, el de las sedes de empresas multinacionales y de la Ciudad del Saber.
Lo que haría dañinos a Panamá Pacífico y a sedes de empresas multinacionales, a juicio de la OCDE, es que el beneficio que concede el régimen a multinacionales se pierde cuando la compañía opera en el mercado local. Se marcan diferencias entre la actividad local y la internacional, creando un régimen preferencial (que se conoce en inglés como ring fencing).
Se considera entonces que dicho régimen preferencial podría erosionar injustamente la base de impuestos a pagar en los países desde los que naturalmente se hubiesen prestado los servicios, en ausencia del privilegio, explica José Andrés Romero, abogado especialista en tributación internacional.
Además, al no establecer un mínimo de trabajadores o de inversión requerida para acogerse a estos regímenes especiales, podría darse el caso de que una empresa registrada en estos regímenes no tenga una actividad sustancial.
En el caso de Ciudad del Saber, el cuestionamiento gira en torno a la propiedad intelectual, cuya explotación está eximida del impuesto sobre la renta.
Luego de estos análisis, Panamá se comprometió a “evaluar y realizar las modificaciones necesarias para que los regímenes preferenciales cumplan con estándares de equidad fiscal”, dijo Eduardo Cedeño, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Consultado sobre si estas modificaciones supondrán una pérdida de competitividad para estas áreas, Cedeño dijo que para “atenuar o minimizar dicho riesgo nos encontramos realizando análisis cuantitativo, con el cual podremos identificar con exactitud las empresas que dentro de cada régimen pudieran verse afectadas por los cambios que se propongan. Este ejercicio es indispensable para luego definir acciones alternativas para equilibrar los cambios tendientes a evitar la práctica del ring fencing, sin que la competitividad de la actividad se vea afectada”.
Al respecto, Romero consideró que “el ajuste de estos regímenes para asegurar que se acoplen a los requerimientos globales anti-BEPS, apuntará hacia la consistencia con la condición de economía real que tiene Panamá; y tenderá a eliminar privilegios de dudosa constitucionalidad a lo interno”.
Además, estima que “es una buena oportunidad para pensar, no en parches, sino en un relanzamiento del sistema tributario panameño mediante un rediseño coherente que fortalezca el sistema territorial del gravamen a la renta y lo haga más competitivo internacionalmente”.
Por el contrario, el abogado Camilo Valdés considera que sí habrá un impacto en la economía. “Por supuesto que vamos a perder competitividad. De hecho, ya la estamos perdiendo. Solamente hay que analizar las estadísticas de incorporaciones de sociedades y fundaciones de interés privado, que cada año se incorporan menos y, a la vez, aumenta la disolución de las mismas”, manifestó.
CENTROS DE LLAMADAS
Aunque no han sido objeto de análisis por parte de la OCDE, el régimen de centros de llamadas o call centers de Panamá sí fue señalado por la Unión Europea como pernicioso en la evaluación que derivó en la inclusión de Panamá en la cuestionada lista de paraísos fiscales.
Joseph Fidanque III, empresario vinculado a la industria de call centers, dijo que Panamá ofrece los mismos beneficios que Guatemala, Jamaica, Honduras, República Domincana, Colombia o Antigua, entre otros.
Como había adelantado la Cancillería, el empresario dijo que se está buscando una solución con el objetivo de salir de la lista negra.
Como en los otros regímenes especiales, lo que se le está pidiendo a Panamá es un trato similar entre la actividad local y la que se brinda internacionalmente.
Fidanque recordó que Panamá ha hecho un gran esfuerzo para cumplir con todos los estándares financieros y de sociedades anónimas, y lamentó que ahora la Unión Europea se enfoque en las actividades comerciales de los países.
