Dos años necesitaron los sectores público y privado para consensuar y aprobar las modificaciones a la ley de política industrial del país. Dos años bastaron para que la participación de este sector en el producto interno bruto (PIB) se redujera de 6.1% en 2014 a 5.5% en 2016.
El sector industrial panameño es el cuarto empleador a nivel nacional, con 122 mil 574 personas (7% del total de empleos del país), y 2017 podría ser el tercer año consecutivo en contracción, después de caer 1.4% en 2015 y 2.8% en 2016.
La reciente aprobación del proyecto de ley 484 en la Asamblea Nacional, que modifica y adiciona artículos a la Ley 76 de 2009, dispone de varias herramientas con las que se pretende reconstruir al sector productivo panameño en un largo plazo.
Para iniciar este proceso, y borrar la huella de 10 mil empleos perdidos en los últimos dos años, se requiere de una política de Estado que respalde y dé sentido a las modificaciones aprobadas el 21 de abril pasado en el pleno legislativo.
Así opina Michael Morales, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), quien advierte que “es el peor momento de la industria en 25 años (...). Estamos en recesión”.
“La ley es un vehículo para poder comenzar este proyecto de rescate de la industria panameña”, afirma Morales, quien en sus más de 20 años en esta actividad ha visto “cómo nuestro sector ha ido decreciendo”, víctima de un modelo de negocios enfocado en los servicios y la importación de bienes.
IMPLEMENTAR, REVISAR Y PROMOVER
La creación del Programa Nacional de Competitividad Industrial, que estará liderado por el Consejo Nacional de Política Industrial (Conapi), es el cimiento del proyecto de la renovación industrial panameña.
Una vez aprobado por el Consejo, formulará diversos proyectos para fortalecer el capital humano, mediante convenios con universidades, programas de prácticas profesionales, entre otros. O fomentar el financiamiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
También promoverá en las empresas la innovación tecnológica, investigación y desarrollo (I+D); el acceso a mercados internacionales mediante técnicas de inteligencia comercial, y fomentará proyectos que mejoren la eficiencia energética en los procesos productivos, entre otros.
Después que se inicien estos programas, el Conapi se encargará de darles seguimiento y rendir informes al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) cada seis meses, a fin de medir el impacto de cada acción.
Una vez que se apruebe el programa, el Conapi tendrá un plazo de cinco años para evaluar su ejecución y emitir recomendaciones al MICI sobre ajustes.
Tras la aprobación del proyecto de ley 484, el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, destacó que “el programa busca hacer más competitivo el sector productivo nacional, a fin de consolidarlo como un pilar importante de nuestra economía y mantenerla diversificada para no solo depender de los sectores de servicios financieros y logísticos”.
HECHO EN PANAMÁ
Otro elemento clave del vehículo que menciona Morales es la ampliación de los beneficios del certificado de fomento industrial (CFI), que contempla exenciones fiscales para apoyar las inversiones en investigación y desarrollo, capacitación de personal, inversión y reinversión, sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y de gestión medioambiental, además del incremento del empleo asociado a la producción.
Desde 2009, las empresas agroindustriales se benefician con el reconocimiento del 35% de estas inversiones en el impuesto sobre la renta. Para las manufactureras, un 25%. Ahora, ambas actividades gozarán de un 40%, y ya no importará la zona de producción en el país.
Asimismo, la emisión del CFI se reduce a 90 días, en lugar de un año a tres años, como hasta ahora.
“La gente no recurre a los incentivos que no funcionan. ¿Para qué entrarán en este trámite engorroso que después no resulta en nada?”, cuestiona el presidente del SIP. “Las empresas grandes, continúa, tienen la posibilidad de pasar por este proceso, no así las pequeñas y medianas empresas”.
Ante la burocracia, el abandono de la actividad parece ser la mejor opción.
Se estima que más de 2 mil empresas componen el sector agroindustrial en el interior del país.
Para otorgar este y otros beneficios de la ley, así como para evaluar el estado del sector, formular medidas de acuerdo a información estadística, se creará el Registro de la Industria Nacional.
Este registro velará por la agilización de los trámites ante la Ventanilla Única de la Industria -cuyos elementos aún están en desarrollo-, así como canalizar recursos y soporte a la industria y agroindustria para mejorar la eficiencia y competitividad del sector.
Tras la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, próximamente se pondrá en marcha su reglamentación.
La intención es que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, la sancione a finales de este mes, y marque el inicio de la transformación de una industria que, más que revolución, reclama el espacio que perdió ante un modelo económico que apostó por los servicios y el producto extranjero.
