El 26 de mayo de 2016, el Gobierno hizo con bombos y platillos el acto protocolar de entrega de las órdenes de proceder de los contratos para las asistencias técnicas de la tercera línea del Metro de Panamá y del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.
Para este último proyecto, la fecha oficial de la orden de proceder fue un mes antes. El 25 de abril de 2016, el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, firmó el documento que indicaba al consultor —la empresa estadounidense T.Y. Lin— que iniciaba su labor de acompañamiento en el proyecto.
Cuando falta poco más de dos meses para que esa orden de proceder cumpla su segundo aniversario, aún no han iniciado los trabajos. Ni siquiera se conoce el contratista que tendrá a su cargo uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración gubernamental.
Según el pliego de cargos original, la fecha inicial de entrega de propuestas sería el 11 de enero de 2017, pero, tras varios aplazamientos, los consorcios entregaron sus postulaciones 10 meses después, el 4 de octubre del año pasado.
A la licitación concurrieron cuatro consorcios: Dragados Sucursal Panamá, de España; el consorcio Astaldi (Italia) - Daelim (Corea del Sur); el Consorcio Cuarto Puente CSCEC-CREC (China State Construction Engineering Corporation Ltd., y China Railway Group); y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company).
En aquel acto público celebrado en la Casa Amarilla de la Presidencia de la República, el presidente Juan Carlos Varela señaló que en enero se entregaría la orden de proceder y 90 días después comenzarían los trabajos. Nada de esto ha sucedido por el momento.
Tras la recepción de las candidaturas, se creó una comisión evaluadora que se encarga de analizar las propuestas técnicas, mientras las ofertas económicas reposan junto al sobre que contiene el precio de referencia del proyecto.
El tipo de acto público seleccionado (licitación por mejor valor con evaluación separada) determina que el precio de referencia se mantiene oculto mientras se hace la evaluación técnica. Solamente se revela el precio oficial cuando se abren los sobres con las propuestas económicas de los consorcios y después de haber hecho la evaluación técnica.
Este esquema de licitación fue utilizado por la pasada administración para adjudicar los proyectos de infraestructuras más importantes, como la tercera fase de la cinta costera, la primera línea del Metro y el programa de reordenamiento vial, los mismos que fueron posteriormente objeto de auditorías y acusaciones de sobreprecios y actos de corrupción.
No faltaron los cuestionamientos porque no revelar el precio oficial puede prestarse para que haya filtraciones interesadas.
En el debate de la reforma a la ley de contrataciones públicas se presentó una propuesta para eliminar este tipo de licitación de la Ley 22 de 2006, pero la iniciativa no prosperó y la actual administración ha seguido utilizando este tipo de concurso para grandes proyectos, por ejemplo la línea 2 del Metro.
Siguiendo los lineamientos legales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tampoco revela la identidad de los integrantes de la comisión evaluadora en un intento de evitar acercamientos o presiones hacia ellos. No obstante, grupos de la sociedad civil han manifestado en varias ocasiones que la persona que se mantiene en el anonimato es más susceptible de ser influenciada.
Este diario pudo conocer que la comisión que evalúa las cuatro propuestas presentadas el pasado mes de octubre está coordinada por el ingeniero Óscar Ramírez, cuya participación en la comisión de evaluación de la línea 2 del Metro —adjudicada al consorcio formado por Odebrecht y la española FCC Construcción—, fue cuestionada por haber sido anteriormente consultor en proyectos de la constructora brasileña.
Ramírez, que fue nombrado en la directiva del Canal de Panamá por el presidente Juan Carlos Varela en abril de 2016, fue rector de la Universidad Tecnológica de Panamá entre 2013 y febrero de 2018, entidad a la que ha estado vinculado desde hace más de 30 años y donde fundó el programa de maestría en ingeniería estructural.
Además de coordinar la comisión que evalúa las propuestas, Ramírez ha sido contratado por T.Y. Lin en calidad de ingeniero sénior, como parte del contrato de asistencia técnica a la gerencia del proyecto. Consultado sobre la compatibilidad de las dos funciones, Ramírez dijo a este diario que “no tiene nada que ver una cosa con la otra. T.Y. Lin está representando al Ministerio de Obras Públicas, al Estado”.
El ministro Arosemena firmó un documento de no objeción en octubre del año pasado para que Ramírez prestara sus servicios para el proyecto, con honorarios de $15 mil al mes más un 15% de tasa de administración, lo que da un total de $103 mil 500 durante los seis meses de duración del contrato.
En la comisión evaluadora también figura Arcelio Tejada, ingeniero civil que se desempeña en el MOP. Tejada, según su perfil en la red social Linkedin, trabajó entre 2010 y 2014 en Odebrecht con la responsabilidad de contratar empresas para servicios de construcción, infraestructura eléctrica y sanitaria.
UN PASADO EN COMÚN
Odebrecht no participa en la licitación para hacerse con el contrato del cuarto puente, proyecto que se calcula en $1,200 millones. Pese a haber precalificado, tras confesar el pago de sobornos en 12 países, entre ellos Panamá, para hacerse con contratos de obras públicas, el Gobierno le solicitó abstenerse de participar en nuevas licitaciones, y prefirió respetar los contratos adjudicados previamente.
No obstante, algunos de los ejecutivos e ingenieros que trabajaron para Odebrecht en distintos países están involucrados de una u otra manera en la licitación del cuarto puente.
T.Y. Lin, que entre sus funciones apoyó en la confección del pliego de cargos, incorporó en 2017 a Winston Villagomez y a Yolanda Galeano, ambos con pasado en Odebrecht.
Villagomez fue gerente de Odebrecht por más de 20 años y se desempeñó en Perú, Ecuador y República Dominicana. En su currículum figura su participación como ingeniero en proyectos como la línea 1 del Metro de Lima, Perú, obra por la que Odebrecht pagó coimas, según reconoció el exrepresentante en Perú de la constructora Jorge Barata.
Galeano, contratada como directora de Administración de Proyectos para la asistencia técnica del cuarto puente, cuenta con más de 30 años de experiencia en gerenciamiento y administración de proyectos de infraestructura. Trabajó en Colombia para Conalvías y en obras de Odebrecht en Mozambique y Liberia.
Otro exejecutivo de Odebrecht, Germinio Costa, es actualmente vicepresidente sénior para las Américas de China Harbour Engineering Company (CHEC), una de las compañías chinas que aspira a hacerse con el millonario contrato en cuestión. Costa, ingeniero civil, se desempeñó en Odebrecht por más de 27 años.
En su perfil señala que ha sido gerente de proyectos de ingeniería y construcción de gran complejidad, con experiencia en la implementación de estrategias de negocios. Ya en las filas de la china CHEC, a Costa se le pudo ver cerca del presidente Varela cuando este visitó un puente de 32.5 kilómetros construido por la firma china que une Shanghái con el puerto de Yangshan.
La Prensa consultó al ministro Arosemena sobre el proceso de evaluación y cómo la entidad controla potenciales conflictos de interés, pero no respondió a las llamadas, mensajes y correos enviados. El ministro prefirió guardar silencio.
