El presidente interino de Brasil, Michel Temer, y aliados en el Congreso pospusieron para fines de 2018 un planeado aumento de salarios a los empleados judiciales que podría costar a los contribuyentes $21 mil millones, dijo el periódico O Estado de S. Paulo.
El diario, que citó a personas que se reunieron con Temer y algunos ministros el viernes en Sao Paulo, dijo que la decisión responde a la necesidad de mostrar compromiso con políticas de ajuste del gasto antes del inminente juicio político a la suspendida presidenta Dilma Rousseff.
Todos los empleados del poder judicial, incluidos jueces, funcionarios de tribunales y fiscales, estaban incluidos en los aumentos previamente proyectados.
Al posponerlos en medio de la recesión más dura en ocho décadas que enfrenta el país, Temer podría obtener el respaldo necesario para una reforma ambiciosa del gasto estatal, que incluye reformular un sistema de pensiones que pierde dinero, modificar leyes laborales e impositivas, además de limitar el crecimiento de las erogaciones presupuestarias.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, dijo en una entrevista con la revista Veja el sábado que la creciente confianza en el panorama de la economía ante la definición del juicio político a Rousseff podría mejorar la recaudación impositiva en $14 mil millones este año.
Esto podría ayudar al Gobierno a reducir el déficit esperado para 2016 sin aumentar los impuestos, dijo Meirelles a Veja.
Las oficinas de prensa de Temer y Meirelles no tenían comentarios inmediatos para realizar sobre los reportes de los dos medios.