La falta de una presentación oportuna del cierre financiero, y por consiguiente la cancelación de la licencia para operar, además de la recurrente presentación de recursos legales para mantener a flote la planta de generación de energía de Panama NG Power, ha revivido la discusión de un proyecto y un proceso de licitación que nació con irregularidades, a juicio del mercado.
Después de cuatro años de haberse licitado y adjudicado la planta de gas, la industria se encuentra en medio de una tensión que ha puesto en alerta a las autoridades de regulación y de política energética.
Ayer, en la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede) se discutió acerca de las repercusiones que podría tener en el mercado eléctrico la entrada tardía de NG Power, que en varias ocasiones ha intentado revivir un proyecto que se licitó desde 2013.
En el conversatorio estuvieron presentes Víctor Urrutia, secretario de Energía, y Roberto Meana, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
El tema ha vuelto a estar en la opinión pública, luego de conocerse un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 20 de diciembre de 2017, a favor de la empresa.
Con este dictamen, y habiendo acumulado cuatro años sin arrancar con la construcción de la planta, la Corte dejó el camino libre a NG Power.
La compañía, que había solicitado una extensión de tiempo para presentar la sustentación financiera de la obra, alegó que la ASEP había violado el debido proceso, al negarles un periodo adicional para cumplir con este hito.
El regulador había emitido su decisión a través de una nota y no por medio de una resolución. Como se ve, fue un fallo más de forma que de fondo.
Con ello, la Corte le dio la razón a NG Power y así revirtió varias decisiones tomadas por el regulador; la más importante, la última cancelación de la licencia, precisamente, por no haber entregado de forma oportuna el cierre financiero o plan de inversión para poner en marcha el proyecto, un plazo que se venció el 13 de octubre de 2017.
Desde 2014, cuando se conoció el proyecto, NG Power ha hecho varias movidas para mantener activa la licencia de construcción de la termoeléctrica, con la que se pretendía generar 670 megavatios a raíz de una inversión de 800 millones de dólares.
La empresa alegó, en su momento, que ante la falta de una línea de transmisión desde Colón a Panamá, era imposible cumplir con el plan financiero.
Para la ASEP, esta no fue razón de peso y se le canceló la licencia, por primera vez, el 20 de noviembre de 2014.
NG Power presentó recursos ante la Corte Suprema de Justicia, que resolvió a su favor, con lo que se le ordenó a la entidad la restitución de la licencia.
En lugar de presentar el cierre financiero, la compañía envió una nota a la ASEP solicitando una nueva extensión hasta el 12 de enero de 2018 para cumplir con dicho proceso.
En esta ocasión justificaba el atraso en virtud de que los bancos que estaban estructurando su cierre financiero seguían con los procesos usuales de aprobación.
Urrutia recordó ayer que en 2014, cuando se inició la administración de Juan Carlos Varela, se percataron de que NG Power no había iniciado el movimiento de tierra ni tenía ningún contrato de suministro de gas.
Serían estos los elementos que consideraron para convocar a una nueva licitación, en la que participaron varias empresas, y resultaron ganadoras Martano, Inc. y Gas Natural Atlántico, de AES.
La idea era garantizar el futuro suministro de energía que necesitaría el país. En estos momentos, la planta de AES tiene un 94% de avance, mientras que Martano, un 10%.
Con un fallo que ahora respalda a la compañía, la operación de tres empresas de gas natural a futuro podría poner en riesgo la contratación y permanencia de otras generadoras que cumplieron con las reglas del mercado e iniciaron sus obras en los tiempos estipulados, mencionó Urrutia.
El funcionario afirmó que no le preocupa el desarrollo del proyecto, sino la repercusión que tendrán los contratos de suministro que las demás plantas ya firmaron con las empresas distribuidoras.
NG Power alega que su proyecto generará energía más barata para el consumidor, sin embargo, la Secretaría Nacional de Energía afirma que el precio ofertado es 26% y 13% más costoso que el propuesto por las otras dos empresas, Gas Natural Atlántico (AES) y Martano, Inc., respectivamente.
La empresa, cuya cara visible es el empresario Mayor Alfredo Alemán, tiene contratos firmados por 400 megavatios que debía comenzar a despachar en febrero de 2017, pero debido a todos los tropiezos, la fecha se trasladaría a abril de 2021, según la ASEP.
POSIBLE DISTORSIÓN
Se teme por el acaparamiento del mercado, porque la capacidad de las tres empresas de gas natural prácticamente cubre la demanda actual tiene el país, que asciende a 1,657 megavatios.
Igualmente, hay preocupación en las empresas de energía renovable por la participación de tres plantas gigantes que se moverán con un derivado fósil como es el gas natural, sin que esto necesariamente beneficie a los consumidores.
“Lo que se está dando aquí es que todas las acciones que han estado tomando los gobiernos son para eliminar las renovables, lo que es grave”, afirma Eduardo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de productores de Energía Renovable (Apper).
Se prevé que el costo del gas natural va a seguir aumentando, pero en el caso de las energías renovables, como el viento y el sol, son gratis, afirma Vallarino.
Meana explicó que, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el amparo presentado por NG Power, le ha solicitado a este órgano del Estado una aclaración para saber a partir de qué momento se comienzan a contar los 150 días que se le dieron a la empresa para que entregue el cierre financiero.
De acuerdo con los efectos legales de esta solicitud, todo se mantiene suspendido hasta que haya un pronunciamiento de los magistrados, dijo.
“Hago un llamado claro y preciso a la Corte Suprema de Justicia, tiene que tomar una decisión clara y precisa por el bien del país”, dijo Meana.
En la reunión de la Comisión de Energía de la Apede estuvieron presentes representantes legales de la empresa NG Power, quienes argumentaron que la serie de recursos presentados por ellos ha sido para denunciar la violación de derechos constitucionales. La empresa afirma que cuenta con el cierre financiero y el respaldo de una enorme empresa china: Shanghai Electric.
Aducen que el proyecto sigue vigente y que no han dejado de trabajar para ponerlo en marcha.
