La estatal Tocumen, S.A. ha blindado gran parte de la información que emane de sus entrañas, a través de un mecanismo que restringe todo lo que se apruebe, conversa o discuta en las altas esferas de la entidad.
Desde noviembre de 2018 se aprobó un decreto firmado por el actual presidente de la junta directiva de Tocumen, Dulcidio De La Guardia, en el que se declaró como información de uso restringido todas las actas que se emitan en su junta directiva, y también los detalles que se obtengan de procesos de debida diligencia que se practique a los concesionarios, así como a los proponentes que participen en licitaciones.
Este se convierte en un paso más de hermetismo en Tocumen, S.A. Desde la administración del expresidente Ricardo Martinelli, bajo el liderazgo del entonces presidente de su directiva, Frank De Lima, las contrataciones y concesiones aeronáuticas y comerciales están fuera del radar de la ley de contrataciones públicas.
Ahora, la declaración de “uso restringido” se basa en la Ley 6 de 2002, en la que se establece que la información catalogada como “confidencial” no podrá ser divulgada bajo ninguna circunstancia por funcionarios, a menos que sea como parte de procesos judiciales.
Esta misma norma establece que la información bajo dicha etiqueta no podrá ser compartida por un periodo de 10 años, contados a partir del momento en que se clasifica como confidencial.
En términos prácticos, deberá pasar una década para conocer los detalles de lo que se gestó en la junta directiva de Tocumen durante los últimos meses de la administración de Juan Carlos Varela.
Sin tener tal restricción fue que el gobierno de Varela pudo dar a conocer las minucias de lo que se fraguó en la directiva de la entidad y que dio paso a concesiones irregulares que se habían gestionado en el gobierno de Martinelli, entre las que se encontró el servicio de administración de los estacionamientos en la terminal de Tocumen, que suponía ingresos por $500 mil para la terminal, cuando se podían obtener $3 millones.
Igual sucedió cuando la administración de Tocumen reveló el negocio y alquiler de los espacios comerciales en el duty free del aeropuerto.
Durante la era Martinelli, la mayoría de estos espacios fue otorgada por la vía directa, y en algunos casos se cobraban centavos por la ocupación, mientras que la tienda de al lado pagaba cientos de dólares por metro cuadrado.
Tocumen advierte que la información de los contratos y las propuestas en licitaciones no estará restringida. Dichos documentos no son públicos, pero sí se podrán seguir compartiendo si algún ciudadano, medio de comunicación o entidad así lo solicite.
Sin embargo, sí estará vetada cualquier acta que se redacte en la directiva o los expedientes administrativos que tienen relación con cuentas bancarias, investigación o reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales, aplicando normas del Código Judicial y legislaciones bancarias.
También será de uso exclusivo para la administración de Tocumen la información comercial de carácter confidencial de sus concesionarios, evitando que esta caiga en manos de sus competidores, quienes podrían sacar ventaja en la puja por algún negocio.
Se conoció que la emisión del reciente decreto estaría ligada con la fuga de información, respecto a las decisiones que tomaba la directiva y que estaban vinculadas a ciertos concesionarios.
Aparentemente, la información podría estar siendo compartida por funcionarios de mandos medios y jerarquías menores, lo que entorpecía las estrategias de Tocumen, S.A., en su afán de conseguir mayores ingresos ante situaciones de desbalance encontradas en ciertos contratos.
