Desde su misma concepción es un proyecto que ha generado polémica. La construcción de un edificio de 69 pisos en una ciudad con decenas de rascacielos no sería motivo de discusión, si no fuese promovido por el Gobierno –en concreto el de un país en desarrollo con grandes necesidades– y si su ejecución no supusiera la demolición del que para muchos es un edificio histórico: la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos.
En lo que a los términos económicos se refiere, el Gobierno argumenta que la construcción se sufragaría con la venta de espacios de oficinas a empresas. Además, el Estado se acabaría ahorrando buena parte del gasto en alquiler de oficinas. Que no es poco.
Este proyecto, junto con la ciudad gubernamental, busca que “todas las entidades públicas estén en casa propia en una forma que no le quite capacidad al Estado para otros proyectos”, dijo Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas, entidad que impulsa el plan.
La construcción y el equipamiento de la torre costará 200 millones de dólares. El Gobierno está estudiando la posibilidad de formar un consorcio junto con una empresa privada que, a su vez, crearía un fideicomiso que respaldaría la deuda.
Con esta figura no se impactaría la deuda pública ni el déficit, pero, en esencia, se estaría asumiendo una deuda.
La financiación vendría probablemente de entidades multilaterales, aunque el Gobierno también dice haber detectado interés en la banca privada.
Según la propuesta ganadora del diseño conceptual, la venta de espacios al sector privado generaría más de 216 millones de dólares de ingresos. Y al sector público, 108 millones de dólares.
Ese balance podría variar, ya que la Autoridad de la Innovación Gubernamental, la Fiscalía Electoral y la Dirección de Contrataciones Públicas también han solicitado espacios en la Torre Financiera. Estas entidades se unirían al Banco Nacional de Panamá, la Superintendencia de Bancos y la de Seguros, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Comisión Nacional de Valores, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la Secretaría de Energía y la Autoridad Marítima de Panamá.
En lugar de pagar alquileres a un tercero, las entidades lo abonarían al fideicomiso, y cuando este recupere la inversión –en un plazo no determinado todavía– se extinguirá y la propiedad quedará en manos del Estado.
