Después de estar por casi un año bajo el control de un administrador judicial, las propiedades del Grupo F. Internacional del empresario Jean Figali, pasaron a manos de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).
Se trata de tres parcelas donde se encuentran el Figali Convention Center, una línea de residencias colindantes al centro y el área de bares y restaurantes conocida como Zona Viva.
Los planes en el corto plazo del Gobierno son continuar administrando los bienes para que sigan generando ingresos, pero el objetivo es venderlos, señaló Juan Carlos Orillac, administrador de la UABR.
“Estos son bienes que nosotros no podemos mantener indefinidamente, además no tiene sentido tener dos centros de convenciones, ya que la Autoridad de Turismo de Panamá dio la orden de proceder para el nuevo anfiteatro”, explicó.
El administrador judicial que fue nombrado por el juez que dictaminó el secuestro, debe entregar un informe que será auditado por la Contraloría General de la República, donde se conocerá cuánto y en qué se utilizaron los fondos que generaron las propiedades mientras estuvieron embargadas.
En noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó secuestrar las propiedades de Figali ante el incumplimiento del arreglo de pago que había acordado la empresa por la morosidad que mantenía con la UABR. Dos años después el empresario acordó firmar un acuerdo extrajudicial con el Gobierno, donde cedió todas sus propiedades para cancelar una deuda por 29 millones de dólares que mantenía con diferentes instituciones del Estado.
De este monto, 20 millones de dólares correspondían a la UABR en concepto de arrendamiento; 8 millones de dólares en un fideicomiso que mantenía el grupo con la Caja de Ahorros y el resto de la deuda correspondía a facturas pendientes con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y con la Autoridad Nacional del Medio Ambiente.
De acuerdo con el contrato de arrendamiento, Figali debía pagar una renta mensual de 83 centésimos por cada uno de los 112 mil metros cuadrados que recibió en concesión durante la administración de Mireya Moscoso.
Según estimaciones preliminares, las tres parcelas tendrían un valor superior a los 100 millones de dólares.
Orillac considera que será difícil encontrar a un comprador que adquiera los tres lotes, por lo cual una alternativa sería vender las parcelas por separado.
El funcionario indicó que las tierras en Amador se han revalorizado con la futura inauguración del Museo de la Biodiversidad y del nuevo centro de convenciones.
La única propiedad que no será vendida es el relleno de siete hectáreas que hizo el empresario para construir una marina.
Después de múltiples recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia, se dictaminó que la empresa no tenía derecho a realizar el relleno de mar, por lo cual la propiedad fue expropiada por la actual administración gubernamental.
Este relleno formará parte de la futura ampliación a cuatro carriles de la calzada de Amador. Este proyecto está en su etapa inicial y la Autoridad del Canal de Panamá debe entregar a la UABR el diseño del proyecto. Además de los dos carriles adicionales, se realizarán al menos dos rellenos para crear nuevas áreas verdes y comerciales a lo largo de la calzada.
